Luego de unos polémicos dichos realizados hace algunas semanas por Adriana Barrientos y Hugo Valencia acerca de Pamela Díaz, “La Fiera” decidió interponer una querella por “calumnias graves con publicidad a través de medios de comunicación” en contra de ambos panelistas de televisión.
En su momento, Barrientos y Valencia, en el programa de farándula “Zona de Estrellas”, tildaron a Díaz de “narcotraficante”, mientras comentaban un rumor difundido por Daniela Aránguiz, tras insinuar que en el reality “Tierra Brava”, Pamela habría estado involucrada en la venta de drogas que supuestamente ingresaron al encierro.
Bajo este contexto, en una reciente entrevista con Publimetro, la conductora de “Sin Editar” profundizó respecto a la acción judicial, y detalló que su objetivo es “que se haga justicia”.
Asimismo, indicó que “yo no tengo problemas en que la gente hable de mí y todo, pero si bien hay momentos en que yo acepto muchas cosas, como dime con quién andas, si salgo o no salgo, si me fui de una fiesta, si me emborraché, ese tipo de cosas”.
“Pero creo que como está el país hoy con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país… tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no”, comentó.
Por otra parte, subrayó que “disculpas públicas no me interesan. No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente”.
Además, sostuvo que a raíz de ciertas exigencias judiciales, no puede referirse al trasfondo de la demanda.
“Por eso no hablo mucho del tema. Creo que cuando me importa algo guardo silencio y en algún momento se va a saber”, mencionó, y agregó que “de mí pueden opinar cualquier cosa, pero mentirosa no soy”.
Cabe destacar que, de acuerdo a lo consignado por el citado medio, la audiencia por este caso quedó fijada para el próximo 16 de mayo, instancia en la que tanto Barrientos como Valencia deberán comparecer en tribunales. En tanto, en la querella se solicita una pena de tres años de reclusión en su grado medio, y una multa de 150 UTM, (casi 10 millones de pesos).
