* Por Felipe Ignacio Pereira
El día viernes recién pasado el Juzgado de Garantía de Temuco, tras rechazar las peticiones efectuadas por los abogados representantes del Gobierno, decidió decretar el sobreseimiento definitivo de todos los imputados involucrados en la denominada “Operación Huracán”.
Sin duda alguna este episodio representa una de las mayores crisis que ha enfrentado nuestro sistema de justicia penal. En efecto, la sola circunstancia de que el Ministerio Público y Carabineros se imputen delitos recíprocamente constituye un hecho de extrema gravedad, situación que debe ser aclarada y resuelta con la mayor celeridad.
No obstante lo anterior, existe un tercer protagonista en toda esta trama. Me refiero al Ministerio del Interior, organismo cuyo desempeño puede analizarse desde dos puntos de vista.
Primero, su participación como querellante. En la audiencia realizada el pasado viernes hubo un hecho particular que llamó la atención: el fiscal del caso criticó la actividad procesal desempeñada por el Gobierno, acusando inactividad por parte de éste. En efecto, sostuvo que la Intendencia únicamente había solicitado diligencias días antes de la audiencia; que no estaba en conocimiento de todos los antecedentes vertidos en la misma y que, lo más insólito, ni siquiera había pedido, durante los cuatro meses de investigación, copia de los antecedentes. Estas acusaciones fueron confirmadas por la Vocera (S) del Ministerio Público quien declaró este lunes que había existido una “inactividad evidente y manifiesta” por parte del gobierno en esta causa.
Esta situación es preocupante, toda vez que si ésta es la actitud procesal del Gobierno en causas emblemáticas, cabe preguntarse cómo es en causas de menor impacto social. El Ministerio del Interior pareciera haber olvidado que su rol como querellante no se limita a presentar el escrito que le otorga dicha calidad, sino que, además, adquiere la obligación de estar presente de manera activa y consciente durante todo el proceso, poniendo a disposición de la investigación recursos técnicos y profesionales de excelencia.
Segundo, el rol desempeñado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo dependiente del Ministerio del Interior encargado de coordinar a los diversos servicios de inteligencia y elaborar información que reúna tal característica. Lamentablemente, la importancia estratégica de la Agencia en este último tiempo ha sido inexistente. Ya en septiembre de 2014 el organismo fue objeto de diversas críticas por su falta de dinamismo y proactividad. Como respuesta, el Gobierno anunció la preparación y posterior envío de un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de inteligencia. Por supuesto, nada de ello sucedió. El nulo interés del Gobierno por avanzar en materias de terrorismo e inteligencia constituye a esta altura un hecho público y notorio. La inactividad de la Agencia hace recordar la frase del Diputado Schilling, quien afirmó que “la ANI es un lugar para leer diarios”.
Confiemos en que la crisis institucional desatada por la “Operación Huracán”, junto con resolverse prontamente, constituya el impulso necesario para revisar de manera decidida estas materias, desafío que el actual Gobierno, por diversas razones, no supo afrontar. Esperemos que el próximo sí
. * Por Felipe Ignacio Pereira
Asesor Político Egresado de DerechoUniversidad Diego Portales
El día viernes recién pasado el Juzgado de Garantía de Temuco, tras rechazar las peticiones efectuadas por los abogados representantes del Gobierno, decidió decretar el sobreseimiento definitivo de todos los imputados involucrados en la denominada “Operación Huracán”.
Sin duda alguna este episodio representa una de las mayores crisis que ha enfrentado nuestro sistema de justicia penal. En efecto, la sola circunstancia de que el Ministerio Público y Carabineros se imputen delitos recíprocamente constituye un hecho de extrema gravedad, situación que debe ser aclarada y resuelta con la mayor celeridad.
No obstante lo anterior, existe un tercer protagonista en toda esta trama. Me refiero al Ministerio del Interior, organismo cuyo desempeño puede analizarse desde dos puntos de vista.
Primero, su participación como querellante. En la audiencia realizada el pasado viernes hubo un hecho particular que llamó la atención: el fiscal del caso criticó la actividad procesal desempeñada por el Gobierno, acusando inactividad por parte de éste. En efecto, sostuvo que la Intendencia únicamente había solicitado diligencias días antes de la audiencia; que no estaba en conocimiento de todos los antecedentes vertidos en la misma y que, lo más insólito, ni siquiera había pedido, durante los cuatro meses de investigación, copia de los antecedentes. Estas acusaciones fueron confirmadas por la Vocera (S) del Ministerio Público quien declaró este lunes que había existido una “inactividad evidente y manifiesta” por parte del gobierno en esta causa.
Esta situación es preocupante, toda vez que si ésta es la actitud procesal del Gobierno en causas emblemáticas, cabe preguntarse cómo es en causas de menor impacto social. El Ministerio del Interior pareciera haber olvidado que su rol como querellante no se limita a presentar el escrito que le otorga dicha calidad, sino que, además, adquiere la obligación de estar presente de manera activa y consciente durante todo el proceso, poniendo a disposición de la investigación recursos técnicos y profesionales de excelencia.
Segundo, el rol desempeñado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo dependiente del Ministerio del Interior encargado de coordinar a los diversos servicios de inteligencia y elaborar información que reúna tal característica. Lamentablemente, la importancia estratégica de la Agencia en este último tiempo ha sido inexistente. Ya en septiembre de 2014 el organismo fue objeto de diversas críticas por su falta de dinamismo y proactividad. Como respuesta, el Gobierno anunció la preparación y posterior envío de un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de inteligencia. Por supuesto, nada de ello sucedió. El nulo interés del Gobierno por avanzar en materias de terrorismo e inteligencia constituye a esta altura un hecho público y notorio. La inactividad de la Agencia hace recordar la frase del Diputado Schilling, quien afirmó que “la ANI es un lugar para leer diarios”.
Confiemos en que la crisis institucional desatada por la “Operación Huracán”, junto con resolverse prontamente, constituya el impulso necesario para revisar de manera decidida estas materias, desafío que el actual Gobierno, por diversas razones, no supo afrontar. Esperemos que el próximo sí
. * Por Felipe Ignacio Pereira
Asesor Político Egresado de DerechoUniversidad Diego Portales
