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Operación Colombo: Condenan a ex agentes de la DINA por desaparición de opositor

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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este lunes a prisión a nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por el secuestro calificado de un opositor a la dictadura.

Se trata de la desaparición de Héctor Zúñiga Tapia, un estudiante de Química y Farmacia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien al ser detenido fue incluido al año siguiente en el montaje conocido como “Operación Colombo”, maquinado por la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos.

El ardid, que contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, tenía por objeto hacer creer a la opinión pública que estos habían muerto en purgas internas del MIR, agrupación que combatió por la vía armada el régimen del fallecido Augusto Pinochet.

La prensa de entonces acogió la versión de las autoridades con titulares como “Exterminados como ratones”.

Héctor Zúñiga fue detenido el 16 de septiembre de 1974 y prisioneros supervivientes declararon haberlo visto con vida durante varias semanas en centros de tortura de la dictadura antes de que su rastro se perdiera hasta hoy.

En fallo dividido, la Tercera Sala del tribunal de alzada condenó como autores del crimen al general César Manríquez Bravo y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, a quienes se le aplicó la pena de 10 años de prisión y se encuentran actualmente encarcelados cumpliendo penas que suman más de 500 años tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

La Corte condenó además a 5 y un día de prisión a los agentes Orlando Manzo Durán, Alejandro Astudillo Adonis, Demóstenes Cárdenas Saavedra, Manuel Avendaño González, Nelson Paz Bustamante y José Aravena Ruiz, y absolvió a una veintena de otros procesados al no haberse acreditado su implicación en el delito.

También fueron absueltos, por fallecimiento, el general Manuel Contreras Sepúlveda, que fue el máximo jefe de la DINA, y el coronel Marcelo Moren Brito.

En la parte civil, el tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $470 millones a la familia de la víctima.
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