La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) instó este miércoles a Chile a llevar a cabo la reforma de su sistema de sanciones penales para luchar mejor contra la corrupción transnacional.
Chile, que ratificó en 2001 la Convención Anticohecho de la OCDE, “debe lograr más avances en la aplicación de las principales recomendaciones hechas” por el organismo, aseguró éste último en un comunicado.
La OCDE define la corrupción transnacional como el hecho de que empresas “prometan o paguen sobornos a un agente público extranjero para obtener ventajas en el marco de una transacción comercial internacional, como la atribución de un contrato de construcción o una concesión petrolera”.
El grupo de trabajo de la organización celebró que sus recomendaciones sobre las sanciones penales y el secreto bancario se estén estudiando en Chile, pero animó a nuestro país a realizar esas reformas de manera prioritaria.
“Chile debe llevar a cabo su proyecto de reformas legislativas para aplicar el mismo techo de sanción económica a los casos de corrupción nacional y transnacional; suprimir las reducciones de sanciones obligatorias previstas en determinados casos; y permitir el cobro de sumas equivalentes al producto de los actos de corrupción transnacional”, pidió la OCDE.
La organización internacional también le reprochó a Chile el no haber definido las directrices para crear un “modelo eficaz” en la prevención de la corrupción internacional.
Y se mostró preocupada por el carácter condicional de la aplicación del secreto bancario en los casos de corrupción transnacional y por el escaso recurso a las técnicas de infiltración en las investigaciones de esos delitos.
Según la OCDE, Chile aún no acabó con las lagunas persistentes de su dispositivo de lucha contra la corrupción transnacional, y debe por tanto presentar con mayor frecuencia sus informes ante el grupo de trabajo del organismo.
La próxima evaluación de este último tendrá lugar en diciembre de 2018.
Chile, que ratificó en 2001 la Convención Anticohecho de la OCDE, “debe lograr más avances en la aplicación de las principales recomendaciones hechas” por el organismo, aseguró éste último en un comunicado.
La OCDE define la corrupción transnacional como el hecho de que empresas “prometan o paguen sobornos a un agente público extranjero para obtener ventajas en el marco de una transacción comercial internacional, como la atribución de un contrato de construcción o una concesión petrolera”.
El grupo de trabajo de la organización celebró que sus recomendaciones sobre las sanciones penales y el secreto bancario se estén estudiando en Chile, pero animó a nuestro país a realizar esas reformas de manera prioritaria.
“Chile debe llevar a cabo su proyecto de reformas legislativas para aplicar el mismo techo de sanción económica a los casos de corrupción nacional y transnacional; suprimir las reducciones de sanciones obligatorias previstas en determinados casos; y permitir el cobro de sumas equivalentes al producto de los actos de corrupción transnacional”, pidió la OCDE.
La organización internacional también le reprochó a Chile el no haber definido las directrices para crear un “modelo eficaz” en la prevención de la corrupción internacional.
Y se mostró preocupada por el carácter condicional de la aplicación del secreto bancario en los casos de corrupción transnacional y por el escaso recurso a las técnicas de infiltración en las investigaciones de esos delitos.
Según la OCDE, Chile aún no acabó con las lagunas persistentes de su dispositivo de lucha contra la corrupción transnacional, y debe por tanto presentar con mayor frecuencia sus informes ante el grupo de trabajo del organismo.
La próxima evaluación de este último tendrá lugar en diciembre de 2018.
