Este viernes culminó en Punta de Tralca la asamblea plenaria extraordinaria del Episcopado en el que se dieron cita todos los obispos del país.

En la ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Santiago Silva, dio a conocer las principales conclusiones a que se llegó en los encuentros que partieron el lunes pasado. La reunión fue convocada para abordar la situación que vive la Iglesia Católica en el país, particularmente a raíz de los graves casos de abusos sexuales cometidos por personal consagrado.

“Hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados”, remarcó.

“NO SIEMPRE SUPIMOS ACOGER”

En la declaración, los obispos expresaron también su arrepentimiento “ante quienes han acompañado a las víctimas, a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación, y a los cientos de consagrados y laicos que diariamente dan testimonio del amor, la misericordia y la redención de Cristo y que se ven afectados en su ministerio por causa de los errores, pecados y delitos cometidos”.

“En especial, reconocemos que no siempre supimos acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones del Consejo Nacional de Prevención para abordar oportunamente los casos de abuso sexual. Nuestras faltas u omisiones han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial y han dificultado la conversión y minado la esperanza”, añadieron.

Los obispos afirmaron que de ningún modo han querido causar ni agravar el daño producido, “pero, mirado en una perspectiva del tiempo, algunos de nosotros pudimos ser más activos y atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial”.

A partir del discernimiento realizado estos días, los obispos dieron a conocer decisiones y compromisos.

1. Se incluirá un Anexo a las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza”, norma que rige a todas las diócesis del país, relativo a la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad. El texto de dicho anexo se dará a conocer apenas se formalice el acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional que trabaja un equipo jurídico en representación de la Conferencia Episcopal de Chile.

2. A contar de hoy, darán a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo solicitamos a los superiores de congregaciones religiosas.

3. Se nombra a la abogada Ana María Celis Brunet como presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas.

4. Se aprueban nuevas atribuciones y competencias al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas:

a. En adelante dará seguimiento a la implementación de las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza” en las diócesis, tanto en la recepción de denuncias, el acompañamiento a víctimas, en las medidas de prevención y la adecuada formación de los agentes pastorales.

b. Recabará información actualizada sobre la cantidad de investigaciones previas y procesos penales en curso en nuestro país.

c. Se crea un Departamento de Prevención de Abusos para ejecutar las orientaciones del Consejo Nacional. Su directora ejecutiva será Pilar Ramírez Rodríguez.

d. Se faculta a dicho Departamento para recibir denuncias sobre abusos conforme la normativa canónica, facultad que no anula ni suprime las instancias propias de las diócesis e institutos de vida consagrada.

e. En el sitio web del Consejo www.iglesia.cl/prevenirabusos se repondrán los nombres de clérigos con sentencias definitivas civiles y canónicas por abuso de menores de edad.

COMPROMISOS ASUMIDOS

1. Los obispos se comprometen “a incrementar nuestra disponibilidad para encontrarnos personalmente, cada obispo, con víctimas de abusos cometidos por clérigos de nuestras jurisdicciones que estén dispuestas a hacerlo, para acogerles, escucharles y ponernos, junto a nuestros equipos de acogida, a su disposición para todo cuanto ayude a sanar las heridas. Este mismo signo solicitamos a los superiores de institutos de vida consagrada”.
2. Considerando que el reconocimiento, la verdad y la justicia son siempre los primeros pasos hacia la reparación, se comprometen “con la ayuda del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, a buscar criterios comunes en los procesos de reparación hacia las víctimas de abuso”.
3. Se comprometen “a seguir promoviendo la formación permanente en prevención de abusos de todo el personal consagrado y agentes pastorales de las diócesis, y la acreditación de formadores. Esto mismo estamos solicitando a los institutos de vida consagrada y, particularmente, a los responsables de las instancias educativas de la Iglesia”.
4. Se comprometen “a elaborar e implementar un protocolo de buen trato que buscará fomentar relaciones basadas en el respeto por la dignidad de la persona, en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos, especialmente dirigido a quienes ejercen cargos de autoridad, responsabilidades directivas y a quienes atienden a personas. Asimismo, elaboraremos un código de comportamiento para los ministros ordenados. Ambos instrumentos se darán a conocer en abril de 2019″.
5. Acogiendo el llamado del Papa Francisco, los obispos se comprometen “a promover intensamente la participación de laicos y laicas en instancias eclesiales generando ambientes de sinceridad, franqueza y crítica constructiva junto a los consagrados, en una experiencia comunitaria como “pueblo de Dios”.6. Se comprometen también a “hacer una mirada autocrítica de los aspectos estructurales de nuestras diócesis que permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. En este contexto, impulsaremos la renovación permanente en los consejos y equipos de gestión y conducción pastoral a nivel diocesano y parroquial con especial acento en la participación de la mujer, sobre todo en las instancias de toma de decisiones”.

   PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

   Además, los obispos valoraron “la voluntad de estudiar los plazos de prescripción legal de los diversos delitos de abuso sexual de menores contenidos en la legislación estatal, de manera que el paso del tiempo no inhiba la posibilidad de sancionar tales ilícitos y de proceder a los procesos de reparación en sus diversos aspectos”.
   
   Añadieron que “sabemos que las decisiones y compromisos a corto y mediano plazo que hoy hemos anunciado, no solucionan, por sí solos, el dramático flagelo del abuso en nuestra Iglesia, y las complejas causas y raíces del mismo”.
   
   Los obispos consideraron que a cada pastor y superior religioso “corresponde enmendar, perfeccionar y dar las adecuadas garantías, respecto de sus jurisdicciones. A todos los bautizados y bautizadas que conformamos el pueblo de Dios nos corresponde ejercer nuestra corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, con una actitud adulta y crítica en la construcción del tejido comunitario”.
   
   Del mismo modo, estiman que “las instancias del Estado, judiciales, políticas y sociales, están también llamadas a cumplir, desde cada uno de sus ámbitos, la misión de velar por el cuidado de niños, niñas y adolescentes y de buscar legislaciones más adecuadas para castigar el abuso y promover su prevención. Desde la Iglesia, cuentan con toda nuestra disposición”.
   
   Finalmente, expresaron su “cercanía a todos los hombres y mujeres laicos, religiosas y religiosos, diáconos y sacerdotes que viven la conmoción por estos graves y contradictorios episodios y, desde el sufrimiento compartido, no han dejado de anunciar su fe en Cristo ni de servir a los demás en la comunión de la Iglesia”.