*Por Juan Núñez
Alto revuelo en la opinión pública generó el anuncio del gobierno para la creación de un poco más de 100 nuevos cargos en notarías, archiveros judiciales y conservador de bienes raíces. A la firma del decreto respectivo, nos enteramos como país, de un total de 62 nuevos notarios, 5 nuevos conservadores, 20 cargos mixtos y un poco más de una docena que serán decididos en las comunas en las cuales existen roles ambiguos.
La pregunta que debemos plantearnos al respecto es si resulta necesario el aumento y creación de estos nuevos puestos, o bien, si responde a una necesidad política.
Si abordamos la necesidad de la creación para el buen funcionamiento del sistema, este necesariamente debe atender a justificaciones técnicas: ¿Se justifica por la necesidad de regular los valores actuales? ¿Demuestran acaso los indicadores técnicos que la demanda excede la oferta, de tal forma que se produce con ello un evidente caos en el sistema actual?
El ministro de justicia, Jaime Campos, defendió la decisión del gobierno ante esta medida, sosteniendo como argumento que el objetivo de ella es aumentar la competitividad del sector. Sin embargo, para nadie es un secreto que los cobros de Notarios, Conservadores, Conservadores de Minas y Archiveros Judiciales están regulados a través de decretos del Ministerio de Justicia. Entonces, basados en el argumento de que el objetivo es la competitividad del sector para ofrecer mejores costos a los usuarios, quizás, la medida más apropiada sería revisar los valores y no la creación de nuevos puestos.
Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica se encuentra desarrollando el estudio de precios, calidad de servicio y posible falta de competencia del área, que contará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para verificar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales sobre estudios de mercado durante su desarrollo, y que se espera pueda ser publicado en julio del 2018, estudio del cual el gobierno, desde luego, debe tener conocimiento.
Si se pretende la creación de estos nuevos cargos, sin estudios técnicos determinantes, serios y verificados, es de toda lógica que la opinión pública alzará la voz. La premura por la dictación de los decretos, en tiempos previos al término de gobierno y próximos a campañas, sin contar con el estudio técnico pertinente, levanta un velo de suspicacia en todo el sector. El candidato presidencial Sebastián Piñera declaró al respecto “Detrás de esto puede haber un intento de privilegiar, favorecer, a sus adherentes”. Tampoco esta medida de crear a la carrera estos nuevos cargos garantiza, de forma alguna, “ir mejorando el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios vinculados al sector justicia” como se ha planteado desde la defensa de gobierno.
A todas luces, la prudencia y la probidad dictaban que, en el mejor interés del país, y por ende de los usuarios, era esperar los resultados del estudio de la Fiscalía Nacional Económica y luego, en base a dicho análisis, tomar la decisión de la creación de cargos.
Un estudio somero que concluye que “no todas las comunas de Santiago cuentan con una notaría actualmente” no es un estudio suficientemente acabado que justifique la dictación de los decretos mencionados, que deja en evidencia la falta de sustento técnico y que no se encuentra circunscrito al beneficio del usuario.
*Juan Núñez es Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Alto revuelo en la opinión pública generó el anuncio del gobierno para la creación de un poco más de 100 nuevos cargos en notarías, archiveros judiciales y conservador de bienes raíces. A la firma del decreto respectivo, nos enteramos como país, de un total de 62 nuevos notarios, 5 nuevos conservadores, 20 cargos mixtos y un poco más de una docena que serán decididos en las comunas en las cuales existen roles ambiguos.
La pregunta que debemos plantearnos al respecto es si resulta necesario el aumento y creación de estos nuevos puestos, o bien, si responde a una necesidad política.
Si abordamos la necesidad de la creación para el buen funcionamiento del sistema, este necesariamente debe atender a justificaciones técnicas: ¿Se justifica por la necesidad de regular los valores actuales? ¿Demuestran acaso los indicadores técnicos que la demanda excede la oferta, de tal forma que se produce con ello un evidente caos en el sistema actual?
El ministro de justicia, Jaime Campos, defendió la decisión del gobierno ante esta medida, sosteniendo como argumento que el objetivo de ella es aumentar la competitividad del sector. Sin embargo, para nadie es un secreto que los cobros de Notarios, Conservadores, Conservadores de Minas y Archiveros Judiciales están regulados a través de decretos del Ministerio de Justicia. Entonces, basados en el argumento de que el objetivo es la competitividad del sector para ofrecer mejores costos a los usuarios, quizás, la medida más apropiada sería revisar los valores y no la creación de nuevos puestos.
Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica se encuentra desarrollando el estudio de precios, calidad de servicio y posible falta de competencia del área, que contará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para verificar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales sobre estudios de mercado durante su desarrollo, y que se espera pueda ser publicado en julio del 2018, estudio del cual el gobierno, desde luego, debe tener conocimiento.
Si se pretende la creación de estos nuevos cargos, sin estudios técnicos determinantes, serios y verificados, es de toda lógica que la opinión pública alzará la voz. La premura por la dictación de los decretos, en tiempos previos al término de gobierno y próximos a campañas, sin contar con el estudio técnico pertinente, levanta un velo de suspicacia en todo el sector. El candidato presidencial Sebastián Piñera declaró al respecto “Detrás de esto puede haber un intento de privilegiar, favorecer, a sus adherentes”. Tampoco esta medida de crear a la carrera estos nuevos cargos garantiza, de forma alguna, “ir mejorando el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios vinculados al sector justicia” como se ha planteado desde la defensa de gobierno.
A todas luces, la prudencia y la probidad dictaban que, en el mejor interés del país, y por ende de los usuarios, era esperar los resultados del estudio de la Fiscalía Nacional Económica y luego, en base a dicho análisis, tomar la decisión de la creación de cargos.
Un estudio somero que concluye que “no todas las comunas de Santiago cuentan con una notaría actualmente” no es un estudio suficientemente acabado que justifique la dictación de los decretos mencionados, que deja en evidencia la falta de sustento técnico y que no se encuentra circunscrito al beneficio del usuario.
*Juan Núñez es Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
