*Por Samuel Fernández I.
Las FARC ya no significan ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’, sino que ‘Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común’, pero siguen como FARC. 53 años de guerrilla, terrorismo, muertes, secuestros, rescates, daños de todo tipo, y últimamente, vinculaciones con el narcotráfico, deberían quedar atrás, dentro del Proceso de Paz acordado con el Gobierno del Presidente Santos.
Las armas ya están prácticamente entregadas. Comienza la inserción en la vida institucional, como un partido político que sigue siendo revolucionario y de izquierda. Tendrán representación en el Senado y en la Cámara de Representantes, cinco puestos asegurados en cada uno; además de otros arreglos del acuerdo final, sobre drogas ilícitas, víctimas, y restitución de tierras. El electorado lo rechazó en el plebiscito de octubre de 2016, y hubo de corregir su texto para su aprobación por el Congreso en diciembre. Iniciativa que la comunidad internacional ha felicitado y apoyado, pues puso fin a un largo conflicto. Negociaciones muy difíciles en Oslo y La Habana, bajo la advertencia de recomenzar la lucha.
Sin embargo, subsisten incertidumbres. En particular si las FARC, verdaderamente, superarán su orientación violentista o sólo es un intento de reciclaje que, si no todo funciona, podrían reiniciar. Hay división entre los colombianos, sobre todo entre quienes fueron víctimas de algún tipo de acción, directa o indirecta, de la guerrilla. Si están dispuestos a perdonar, olvidar y aceptar votar por los antiguos combatientes, ahora dentro de la normalidad política del país, como un partido más.
Y queda lo legal, tanto para la legislación interna de Colombia como aquella internacional. Muchos actos de las FARC, por su gravedad, pueden ser calificados de graves crímenes contra la humanidad. Los mismos que los países consideran imprescriptibles y juzgables por cualquier país, no sólo por el afectado, por tribunales nacionales o internacionales competentes. El Derecho Internacional los prohíbe, por sobre la legislación del país que los acepte y dispense, aunque sea por un fin tan loable como la paz. Cabe preguntarse en qué quedan los responsables juzgados o presos por delitos equivalentes en el resto del mundo.
Interrogantes que dependerán si las nuevas FARC están dispuestas a someterse, pues la juridicidad y sanción penal de estos ilícitos, no deben ser condicionadas al desistimiento o a las compensaciones políticas de quien debe aplicarla.
*Samuel Fernández Illanes es Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Central.
Las FARC ya no significan ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’, sino que ‘Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común’, pero siguen como FARC. 53 años de guerrilla, terrorismo, muertes, secuestros, rescates, daños de todo tipo, y últimamente, vinculaciones con el narcotráfico, deberían quedar atrás, dentro del Proceso de Paz acordado con el Gobierno del Presidente Santos.
Las armas ya están prácticamente entregadas. Comienza la inserción en la vida institucional, como un partido político que sigue siendo revolucionario y de izquierda. Tendrán representación en el Senado y en la Cámara de Representantes, cinco puestos asegurados en cada uno; además de otros arreglos del acuerdo final, sobre drogas ilícitas, víctimas, y restitución de tierras. El electorado lo rechazó en el plebiscito de octubre de 2016, y hubo de corregir su texto para su aprobación por el Congreso en diciembre. Iniciativa que la comunidad internacional ha felicitado y apoyado, pues puso fin a un largo conflicto. Negociaciones muy difíciles en Oslo y La Habana, bajo la advertencia de recomenzar la lucha.
Sin embargo, subsisten incertidumbres. En particular si las FARC, verdaderamente, superarán su orientación violentista o sólo es un intento de reciclaje que, si no todo funciona, podrían reiniciar. Hay división entre los colombianos, sobre todo entre quienes fueron víctimas de algún tipo de acción, directa o indirecta, de la guerrilla. Si están dispuestos a perdonar, olvidar y aceptar votar por los antiguos combatientes, ahora dentro de la normalidad política del país, como un partido más.
Y queda lo legal, tanto para la legislación interna de Colombia como aquella internacional. Muchos actos de las FARC, por su gravedad, pueden ser calificados de graves crímenes contra la humanidad. Los mismos que los países consideran imprescriptibles y juzgables por cualquier país, no sólo por el afectado, por tribunales nacionales o internacionales competentes. El Derecho Internacional los prohíbe, por sobre la legislación del país que los acepte y dispense, aunque sea por un fin tan loable como la paz. Cabe preguntarse en qué quedan los responsables juzgados o presos por delitos equivalentes en el resto del mundo.
Interrogantes que dependerán si las nuevas FARC están dispuestas a someterse, pues la juridicidad y sanción penal de estos ilícitos, no deben ser condicionadas al desistimiento o a las compensaciones políticas de quien debe aplicarla.
*Samuel Fernández Illanes es Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Central.
