El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este jueves a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa.
Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010) se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia (interior de Sao Paulo), a cambio de obtener contratos en Petrobras.
La magistrada Gabriela Hardt estimó en su sentencia que “la culpabilidad [de Lula] es elevada”, pues “recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar”.
La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.
Lula enfrenta varias otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.
La noticia, con un retrato de Lula, fue tuiteada por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a “pudrirse en prisión”.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció la sentencia. “La persecución de Lula no para”, afirmó.
La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando el por entonces juez Sergio Moro le condenó a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. El ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, le consideró beneficiario de un apartamento en un balneario paulista ofrecido por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.
En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes de reclusión, que Lula comenzó a cumplir el pasado abril.
Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010) se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia (interior de Sao Paulo), a cambio de obtener contratos en Petrobras.
La magistrada Gabriela Hardt estimó en su sentencia que “la culpabilidad [de Lula] es elevada”, pues “recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar”.
La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.
Lula enfrenta varias otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.
La noticia, con un retrato de Lula, fue tuiteada por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a “pudrirse en prisión”.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció la sentencia. “La persecución de Lula no para”, afirmó.
La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando el por entonces juez Sergio Moro le condenó a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. El ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, le consideró beneficiario de un apartamento en un balneario paulista ofrecido por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.
En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes de reclusión, que Lula comenzó a cumplir el pasado abril.
