El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, entregó este viernes el documento base para una propuesta de reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial al ministro de Justicia, Luis Cordero.

El texto fue trabajado y concordado por el pleno de ministros y ministras del máximo tribunal con la intención de colaborar con los órganos colegisladores en la idea de reformar el actual sistema para mejorarlo y cerrar brechas de opacidad.

En su parte medular, se propone un organismo autónomo que integren en su mayoría jueces, pero manteniendo la participación de los tres Poderes del Estado en el nombramiento de ministros para el Poder Judicial.

El documento fue entregado al ministro en una reunión en la que participó, además la ministra vocera del tribunal, María Soledad Melo.

A la salida del encuentro, Melo señaló que “es un gran momento este en que nuestro presidente, Ricardo Blanco, ha dado cumplimiento al encargo que le ha hecho el tribunal pleno de hacer entrega al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, de una propuesta que recoge la opinión del pleno de la Corte Suprema que se ha venido manifestado desde hace diez años de separar la función jurisdiccional de aquellas que no lo son”.

Agregó que “como Corte Suprema somos muy respetuosos de la independencia de los Poderes del Estado y de la responsabilidad colegisladora del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Es por esto que luego de un importante trabajo de todos los señores ministros y señoras ministras del máximo tribunal hoy se ha entregado este documento para que sea analizado por el Poder Ejecutivo, y si fuere pertinente dialogado con el Parlamento con el fin de una reforma legal”.

Asimismo, indicó que “nuestra intención es entregar una opinión y elementos técnicos e insumos para avanzar en una necesaria y urgente reforma al sistema de nombramientos, que le hará muy bien al país y a la democracia, tal como la Corte Suprema lo ha venido planteando desde el año 2014”.

Por su parte, el ministro Cordero agradeció la propuesta, la que consideró fundamental en el debate que debería abrirse para realizar las modificaciones legales pertinentes que mejoren el actual sistema de nombramientos de jueces y juezas del país, así como de notarios y conservadores.

Destacó la voluntad clara expresada por el pleno relativa priorizar el cambio en el sistema de nombramiento y avanzar especialmente en sacar de la esfera del Poder Judicial las designaciones de notarios, archiveros y conservadores.

En sus puntos principales el texto señala que el pleno de la Corte Suprema “manifiesta la necesidad de una separación clara entre las funciones jurisdiccionales de las que no lo son, objetivo que se lograría mediante la radicación de estas últimas, en un órgano u órgano autonómos, desconcentrados territorialmente pero coordinados a través de una instancia nacional, compuestos por una mayoría de representantes de la judicatura y por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Colegio de Abogados y de la academia”.

Asimismo, establece que “teniendo presente la envergadura del traspaso de competencias de esta naturaleza, es necesario instar por avances paulatinos en este proceso de reforma, pudiendo iniciarse el cambio por el sistema de nombramientos, pero manteniendo la participación de los tres Poderes del Estado en la designación de los cargos de ministros y fiscal de la Corte Suprema, y excluyendo, a la brevedad posible, cualquier injerencia del sistema judicial en el proceso de designación de notarios, conservadores y archiveros”.

Los puntos más relevantes de la propuesta son:

-La separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son.

-La creación de un órgano autónomo a cargo de las funciones no jurisdiccionales.

-Desconcentración funcional y territorial del gobierno judicial.

-Mantener la participación de los tres Poderes del Estado en el nombramiento de ministros y ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema.

-Composición del órgano de nombramientos, idealmente integrando en su mayoría por integrantes de la judicatura.

-Y apoyo administrativo al nuevo órgano.