En 2019 se han presentado 20 recursos de protección en distintas Cortes del Apelaciones del país, con el objetivo de lograr el retiro del dinero ahorrado para jubilación a personas que por diversas circunstancias así lo requieren. Se trata de fondos que suman al menos 935 millones de pesos.

La información aparece este jueves en La Tercera, que también consigna que la Coordinadora No+AFP impulsa gran parte de estas acciones legales, como una forma de volver a instalar el debate en esta materia, tras las marchas de 2017.

Hasta el 16 de septiembre, según el diario, cuatro recursos fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que 10 ingresados a trámite fueron rechazados (de estos, 7 llegaron a la Corte Suprema).

Otros cuatro siguen en trámite en los tribunales de alzada de Santiago, Concepción y Temuco, y dos fueron derivados al Tribunal Constitucional, el ya conocido de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, y ahora el de la enfermera de Punta Arenas, Beatriz Valenzuela.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, declaró que el Gobierno está preocupado por estos requerimientos, porque “una pieza fundamental de cualquier sistema de pensiones es el ahorro obligatorio y la devolución de esos ahorros en forma de pensión es una pieza clave y creemos que se debe preservar”.

“Todos estos temas son debatibles, pero el lugar donde corresponde debatirlos es en el Congreso, allí está la reforma previsional, y ahí es donde tienen que enfrentarse los argumentos y legislar para que nuestros adultos mayores tengan mejores pensiones. Lo que queremos hacer es mejorar el sistema y no destruirlo”, dijo.