*Por José de la Cruz Garrido F.
La presente columna propone una respuesta científico-metodológica de política pública a la grave situación de vulneración de derechos que viven miles de menores en villas y poblaciones de Chile. El contexto de este problema es la criminalización del consumo de drogas y la prohibición de su comercialización, lo que ha producido (o al menos hay una evidente correlación) con un mercado negro que trae consigo el control violento de dichos territorios por parte de narcotraficantes. Este dominio territorial conlleva corrupción estatal, violencia familiar y barrial, lo que incluye reclutamiento y abuso de menores, y una fetichización de las prácticas de tráfico (o “cultura narco”), que se ven reflejadas en la inserción temprana de menores en actividades delictivas violentas y narcotráfico, para la obtención rápida de estatus y recursos económicos dentro de una comunidad.
En una reciente investigación del Centro de Políticas Públicas de Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), constatamos esta compleja realidad en la comuna de San Bernardo, por lo que nos enfocamos en aplicar diversas metodologías de estudio, que validen el análisis espacial de estos territorios y la introducción de otros enfoques, distintos al análisis criminal estándar. Así, con un enfoque de salud pública, por ejemplo, el consumo de drogas, el embarazo adolescente o el porte armas se los entiende como comportamientos riesgosos. Este enfoque y una mirada ecológica dejan en evidencia la falta de una política intersectorial que atienda a una cuestión política de fondo, que atañe al rol del Estado en la garantía de los derechos humanos de menores y a la administración de la justicia en el territorio nacional. En la actualidad, nos encontramos realizando una nueva investigación, con la colaboración de la Corporación Municipal de Puente Alto y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, enfocándonos en un territorio específico, dado que los primeros cuentan con una pionera plataforma MAT 2.0 con datos integrados que les permite hacer un seguimiento exhaustivo de los menores matriculados en la comuna.
Primero, cabe señalar que es imposible desarrollar cualquier programa de prevención o intervención si no se cuenta con datos e información que permita focalizar los recursos siempre escasos. La buena noticia es que hoy contamos con datos, la mala es que no existe una coordinación institucional para poner a disposición dichos datos para el análisis de fenómenos complejos. Otra buena noticia es que existen herramientas analíticas de aprendizaje automático, para la construcción de predictores con los datos existentes. Sin embargo, hay que entender que el control del narco es efectivo y real, y que están en una posición de ventaja frente a las agencias estatales, por lo que cualquier llamado a la “mano dura” no es más que populismo electoral.
Una estrategia de investigación consiste en identificar los nudos críticos del problema que en el Gran Santiago coinciden con territorios segregados, que son el resultado de una política habitacional llevada a cabo, principalmente desde fines de los 70’s y a principio de los 90’s, que consistió en el traslado de campamentos a soluciones habitacionales en la entonces periferia de la ciudad. En estos nudos críticos, las únicas agencias que tienen contacto con la población son las Escuelas, principalmente básicas, y los Centros de Salud Familiar. Sin embargo, dicha información no ha sido sistematizada para su estudio ni existe coordinación intersectorial de los diversos programas que atiende a la población de menores.
Y es aquí es donde nos encontramos con una situación alarmante y que apunta justamente a aquellos factores de riesgo que determinan la situación de menores: hacinamiento, familias completas vinculadas a actividades delictivas, padres y/o madres privados de libertad, cuidado de menores bajo la supervisión de abuelo/as vulnerables, protección del SENAME, ausentismo, consumo y/o venta temprano de drogas en padres y/o madres y/o menores, abuso sexual (encubrimiento y naturalización cultural), porte de armas, ideación suicida, prostitución de menores, deserción, y más, todo ya en escuelas básicas con niños y niñas a partir de los 9 años. Todo esto queda en evidencia al conversar con los equipos de convivencia, duplas psicosociales o directivos de las escuelas vulnerables, y a partir de una serie de programas y encuestas que entregan valiosa información: JUNAEB, Previene, 24 horas, Ficha Clap, SENDA, SIEGE, etc. y, en el caso de Puente Alto, la plataforma MAT 2.0 mencionada arriba.
Por lo mismo, es fundamental definir cuántos territorios están bajo el dominio del narcotráfico, cuántas escuelas y centros de salud familiar atienden a la población de menores y tienen evidencia de esta situación y cómo se relacionan entre sí. Así, nos podemos hacer algunas preguntas: ¿cuáles son los programas que en la actualidad atienden directamente a esta población más vulnerable: los menores de edad e, indirectamente, a sus familias o entorno? ¿Cómo se cruzan estos programas y en qué medida sobre intervienen o, definitivamente, son insuficientes o están mal enfocados? Esto permitirá definir perfiles de riesgo y focalizar los recursos.
En este punto hay que comprender además que la pobreza es un fenómeno multidimensional, tal como lo mide la encuesta Casen, que ha incorporado variables de entorno, como la violencia asociado a balaceras. Este fenómeno, completamente invisible, es un proxy para entender el riesgo ambiental que implica el control que ejerce el narcotráfico en estos territorios y que es además de un problema de salud, un problema de violencia política. La contaminación acústica da cuenta de esta situación alarmante de la que no tenemos ni siquiera información, donde hoy el Estado no da garantías de un Estado de Derecho. Criminalizar menores es injusto, cuando estos/as son víctimas y no enemigos/as, poniendo el foco en el lugar equivocado.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
La presente columna propone una respuesta científico-metodológica de política pública a la grave situación de vulneración de derechos que viven miles de menores en villas y poblaciones de Chile. El contexto de este problema es la criminalización del consumo de drogas y la prohibición de su comercialización, lo que ha producido (o al menos hay una evidente correlación) con un mercado negro que trae consigo el control violento de dichos territorios por parte de narcotraficantes. Este dominio territorial conlleva corrupción estatal, violencia familiar y barrial, lo que incluye reclutamiento y abuso de menores, y una fetichización de las prácticas de tráfico (o “cultura narco”), que se ven reflejadas en la inserción temprana de menores en actividades delictivas violentas y narcotráfico, para la obtención rápida de estatus y recursos económicos dentro de una comunidad.
En una reciente investigación del Centro de Políticas Públicas de Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), constatamos esta compleja realidad en la comuna de San Bernardo, por lo que nos enfocamos en aplicar diversas metodologías de estudio, que validen el análisis espacial de estos territorios y la introducción de otros enfoques, distintos al análisis criminal estándar. Así, con un enfoque de salud pública, por ejemplo, el consumo de drogas, el embarazo adolescente o el porte armas se los entiende como comportamientos riesgosos. Este enfoque y una mirada ecológica dejan en evidencia la falta de una política intersectorial que atienda a una cuestión política de fondo, que atañe al rol del Estado en la garantía de los derechos humanos de menores y a la administración de la justicia en el territorio nacional. En la actualidad, nos encontramos realizando una nueva investigación, con la colaboración de la Corporación Municipal de Puente Alto y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, enfocándonos en un territorio específico, dado que los primeros cuentan con una pionera plataforma MAT 2.0 con datos integrados que les permite hacer un seguimiento exhaustivo de los menores matriculados en la comuna.
Primero, cabe señalar que es imposible desarrollar cualquier programa de prevención o intervención si no se cuenta con datos e información que permita focalizar los recursos siempre escasos. La buena noticia es que hoy contamos con datos, la mala es que no existe una coordinación institucional para poner a disposición dichos datos para el análisis de fenómenos complejos. Otra buena noticia es que existen herramientas analíticas de aprendizaje automático, para la construcción de predictores con los datos existentes. Sin embargo, hay que entender que el control del narco es efectivo y real, y que están en una posición de ventaja frente a las agencias estatales, por lo que cualquier llamado a la “mano dura” no es más que populismo electoral.
Una estrategia de investigación consiste en identificar los nudos críticos del problema que en el Gran Santiago coinciden con territorios segregados, que son el resultado de una política habitacional llevada a cabo, principalmente desde fines de los 70’s y a principio de los 90’s, que consistió en el traslado de campamentos a soluciones habitacionales en la entonces periferia de la ciudad. En estos nudos críticos, las únicas agencias que tienen contacto con la población son las Escuelas, principalmente básicas, y los Centros de Salud Familiar. Sin embargo, dicha información no ha sido sistematizada para su estudio ni existe coordinación intersectorial de los diversos programas que atiende a la población de menores.
Y es aquí es donde nos encontramos con una situación alarmante y que apunta justamente a aquellos factores de riesgo que determinan la situación de menores: hacinamiento, familias completas vinculadas a actividades delictivas, padres y/o madres privados de libertad, cuidado de menores bajo la supervisión de abuelo/as vulnerables, protección del SENAME, ausentismo, consumo y/o venta temprano de drogas en padres y/o madres y/o menores, abuso sexual (encubrimiento y naturalización cultural), porte de armas, ideación suicida, prostitución de menores, deserción, y más, todo ya en escuelas básicas con niños y niñas a partir de los 9 años. Todo esto queda en evidencia al conversar con los equipos de convivencia, duplas psicosociales o directivos de las escuelas vulnerables, y a partir de una serie de programas y encuestas que entregan valiosa información: JUNAEB, Previene, 24 horas, Ficha Clap, SENDA, SIEGE, etc. y, en el caso de Puente Alto, la plataforma MAT 2.0 mencionada arriba.
Por lo mismo, es fundamental definir cuántos territorios están bajo el dominio del narcotráfico, cuántas escuelas y centros de salud familiar atienden a la población de menores y tienen evidencia de esta situación y cómo se relacionan entre sí. Así, nos podemos hacer algunas preguntas: ¿cuáles son los programas que en la actualidad atienden directamente a esta población más vulnerable: los menores de edad e, indirectamente, a sus familias o entorno? ¿Cómo se cruzan estos programas y en qué medida sobre intervienen o, definitivamente, son insuficientes o están mal enfocados? Esto permitirá definir perfiles de riesgo y focalizar los recursos.
En este punto hay que comprender además que la pobreza es un fenómeno multidimensional, tal como lo mide la encuesta Casen, que ha incorporado variables de entorno, como la violencia asociado a balaceras. Este fenómeno, completamente invisible, es un proxy para entender el riesgo ambiental que implica el control que ejerce el narcotráfico en estos territorios y que es además de un problema de salud, un problema de violencia política. La contaminación acústica da cuenta de esta situación alarmante de la que no tenemos ni siquiera información, donde hoy el Estado no da garantías de un Estado de Derecho. Criminalizar menores es injusto, cuando estos/as son víctimas y no enemigos/as, poniendo el foco en el lugar equivocado.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
