El martes 2 de octubre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género recibió una carta escrita y firmada por Nabila Rifo, la cual iba dirigida a la titular de la cartera, Isabel Plá, y expresando una serie de críticas hacia el Ejecutivo.
En el documento, la víctima del ataque efectuado por su expareja Mauricio Ortega, afirmó estar “cansada de las vulneraciones y faltas de respeto que se han cometido” contra ella, poniendo énfasis en una serie de promesas recibidas de parte de la institución.
Es así como señaló al respecto que “la única que se cumplió, tal como se comprometió, fue la pensión de gracia entregada por la Presidenta Michelle Bachelet, pero las promesas con respeto a la mi vivienda nunca se cumplieron generándome graves consecuencias”.
“Se me ofreció la posibilidad de cambiar mi casa por otra que contara con las condiciones para llevar a cabo mi proyecto de vida de la manera más autónoma posible. Sobre eso, puedo decirle que efectivamente se realizó una ampliación, pero no responde en nada a mi necesidades, la prueba de aquello es que hoy me encuentro hospitalizada con una grave fractura por haber caído por las escaleras de la casa ‘adecuada'”, continuó.
Por otra parte, Rifo indicó que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) habilitó a una persona para apoyarla durante un tiempo, pero esta fue “retirada sin explicación alguna”.
“Hoy día, en que además de perder mis ojos, estoy sin movilidad física, dicha ayuda resulta fundamental para seguir intentando vivir de manera digna”, explicó.
En la misiva sentenció que “desde aquel horrible día he hecho todo lo posible por salir adelante, he cuidado a mis hijos, intentado protegerlos del mayor daño posible. Sin embargo, todo lo que he logrado pierde sentido cuando el asesino tiene la osadía de pedir al tribunal visitas a mis hijos”.
“Señora ministra, ¿usted imagina el terror que significa para mí que los tribunales puedan acceder a su petición? o ¿el terror que yo siento al enfrentarme nuevamente en un tribunal a quien intentó asesinarme? Al día de hoy, ningún abogado o abogada especialista en la materia se ha acercado a brindarme su apoyo para enfrentar esta nueva embestida”, añadió.
Quien fuera víctima de un femicidio frustrado, solicitó “de manera urgente” apoyo del ministerio para que el Serviu, en el marco del convenio con Senadis, “resuelva el problema de accesibilidad en mi vivienda, reconociendo mi derecho a vivir en un espacio seguro que permita mi desplazamiento sin temor”.
Asimismo, instó a que “Senadis reponga el apoyo de una persona que me pueda acompañar en las tareas cotidianas las que me resultan tremendamente complejas de realizar en estas condiciones”, además que “la Corporación de Asistencia judicial me represente jurídicamente, no por un estudiante en práctica-sino por un profesional del derecho- en el juicio de familia, desligándome de la responsabilidad de asistir a las audiencias”.
Al concluir, Rifo demandó una solución rápida a su situación tomando las medidas pertinentes y asegurando el respeto a sus derechos humanos, “los cuales han sido tan brutalmente violados por el Estado de Chile”.
En el documento, la víctima del ataque efectuado por su expareja Mauricio Ortega, afirmó estar “cansada de las vulneraciones y faltas de respeto que se han cometido” contra ella, poniendo énfasis en una serie de promesas recibidas de parte de la institución.
Es así como señaló al respecto que “la única que se cumplió, tal como se comprometió, fue la pensión de gracia entregada por la Presidenta Michelle Bachelet, pero las promesas con respeto a la mi vivienda nunca se cumplieron generándome graves consecuencias”.
“Se me ofreció la posibilidad de cambiar mi casa por otra que contara con las condiciones para llevar a cabo mi proyecto de vida de la manera más autónoma posible. Sobre eso, puedo decirle que efectivamente se realizó una ampliación, pero no responde en nada a mi necesidades, la prueba de aquello es que hoy me encuentro hospitalizada con una grave fractura por haber caído por las escaleras de la casa ‘adecuada'”, continuó.
Por otra parte, Rifo indicó que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) habilitó a una persona para apoyarla durante un tiempo, pero esta fue “retirada sin explicación alguna”.
“Hoy día, en que además de perder mis ojos, estoy sin movilidad física, dicha ayuda resulta fundamental para seguir intentando vivir de manera digna”, explicó.
En la misiva sentenció que “desde aquel horrible día he hecho todo lo posible por salir adelante, he cuidado a mis hijos, intentado protegerlos del mayor daño posible. Sin embargo, todo lo que he logrado pierde sentido cuando el asesino tiene la osadía de pedir al tribunal visitas a mis hijos”.
“Señora ministra, ¿usted imagina el terror que significa para mí que los tribunales puedan acceder a su petición? o ¿el terror que yo siento al enfrentarme nuevamente en un tribunal a quien intentó asesinarme? Al día de hoy, ningún abogado o abogada especialista en la materia se ha acercado a brindarme su apoyo para enfrentar esta nueva embestida”, añadió.
Quien fuera víctima de un femicidio frustrado, solicitó “de manera urgente” apoyo del ministerio para que el Serviu, en el marco del convenio con Senadis, “resuelva el problema de accesibilidad en mi vivienda, reconociendo mi derecho a vivir en un espacio seguro que permita mi desplazamiento sin temor”.
Asimismo, instó a que “Senadis reponga el apoyo de una persona que me pueda acompañar en las tareas cotidianas las que me resultan tremendamente complejas de realizar en estas condiciones”, además que “la Corporación de Asistencia judicial me represente jurídicamente, no por un estudiante en práctica-sino por un profesional del derecho- en el juicio de familia, desligándome de la responsabilidad de asistir a las audiencias”.
Al concluir, Rifo demandó una solución rápida a su situación tomando las medidas pertinentes y asegurando el respeto a sus derechos humanos, “los cuales han sido tan brutalmente violados por el Estado de Chile”.
