El informe “Municipio y seguridad pública”, elaborado por el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, y el sociólogo UDP, Pedro Valenzuela, analizó el trabajo realizado por los municipios de Chile en torno a seguridad.

Si bien, estas instituciones gozan de un espectro relativamente limitado de funciones en materia de seguridad pública, legalmente se especifica que ellas desempeñan una serie de acciones vinculadas a la prevención del delito. En base a ello, el estudio elaboró una encuesta realizada a partir del portal de transparencia y que fue respondida por 261 de las 345 comunas del país (75,6%).

El cuestionario contempló un total de 23 dimensiones agrupadas en aquellas de carácter institucional, las vinculadas a prevención con grupos vulnerables y las asociadas a disuasión en seguridad pública.

Los resultados arrojaron que, en promedio, los municipios desarrollan 9 de las 23 iniciativas de seguridad pública en sus comunas. Las acciones más frecuentes y que es posible encontrar en la gran mayoría de ellos son: contar con vehículos de seguridad, tener inspectores de seguridad, instalar sistemas de cámaras, y contar con una dirección u oficina de seguridad. Sin embargo, solo nueve municipios desarrollan más de 17 iniciativas o acciones en materia de seguridad pública, mientras hay otras diecisiete que desarrollan menos de 3 iniciativas.

Al considerar el total de iniciativas, independientemente de su costo, apreciamos que las cuatro comunas con una mayor cantidad de acciones se encuentran en la Región Metropolitana. La que cuenta con más iniciativas municipales relacionadas con la seguridad es Las Condes, con 20 de las 23 medidas propuestas en el cuestionario. Ellas incluyen además de una Dirección de Seguridad contar con teléfono de emergencia, GPS municipal, marcación de patentes, inspectores, encuestas comunales, iniciativa encarga tu casa, vehículos municipales, postes inteligentes, iniciativa safebywolf (de lectura de patentes), comités vecinales, entre otros. Las tres siguientes son Quilicura, Puente Alto y Huechuraba.

El estudio también detectó que existe una fuerte y esperable correlación entre los recursos municipales y la cantidad de actividades en materia de seguridad pública que se desarrolla en cada comuna. Así, mientras mayor el nivel de gasto municipal, mayor es la cantidad de iniciativas que se desarrollan, por lo que no necesariamente hay una relación con la cantidad de delitos que se llevan a cabo en cada comuna.

“La seguridad municipal enfrenta un desafío enorme porque los municipios son la cara y vínculo con la ciudadanía; sin embargo, como el estudio muestra, existen profundas inequidades en la capacidad de ellos para implementar programas sobre todo en el ámbito de la prevención”, afirma Claudio Fuentes.

El informe -realizado en el marco de un proyecto sobre seguridad pública financiado por la Fundación Ebert, por el proyecto Fondecyt y proyecto ANID Exploración-plantea además una serie de recomendaciones de política que incluyen mejorar la coordinación entre las comunas para prevenir hechos de delincuencia; fomentar estudios sobre el impacto que están teniendo dispositivos tecnológicos como el uso de cámaras de televigilancia; revisar el proyecto de ley en materia de Seguridad Municipal para definir de mejor modo las atribuciones de los inspectores municipales así como el rol de los Comités de Seguridad Vecinal.