Este martes la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la Municipalidad de Santo Domingo a pagar una indemnización de 42 millones de pesos a cuatro menores abusados sexualmente por un profesor de la escuela municipal.
Se presentó un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sin embargo, fue rechazada en fallo unánime por la tercera sala del máximo tribunal, debido a que el municipio no adoptó las medidas necesarias, pese a tener información sobre las eventuales conductas impropias de uno de sus funcionarios.
“La Municipalidad recibió una alerta de su posible ocurrencia, fallando en el cumplimiento de sus deberes, con graves consecuencias para los menores que fueron sujetos pasivos de un delito grave cometido por uno de sus funcionarios. Esto permite que se presuma su responsabilidad, ante la anormalidad del servicio prestado”, sostiene el fallo.
A pesar de que la municipalidad no recibió una denuncia en términos explícitos y directos, sí tenía información sobre las conductas inadecuadas del profesor, por lo que el fallo concluyó que “resultó acreditada la falta de servicio municipal, el daño moral demandado y la relación de causalidad entre ambos, circunstancias que hacen nacer la responsabilidad administrativa indemnizatoria”.
Se presentó un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sin embargo, fue rechazada en fallo unánime por la tercera sala del máximo tribunal, debido a que el municipio no adoptó las medidas necesarias, pese a tener información sobre las eventuales conductas impropias de uno de sus funcionarios.
“La Municipalidad recibió una alerta de su posible ocurrencia, fallando en el cumplimiento de sus deberes, con graves consecuencias para los menores que fueron sujetos pasivos de un delito grave cometido por uno de sus funcionarios. Esto permite que se presuma su responsabilidad, ante la anormalidad del servicio prestado”, sostiene el fallo.
A pesar de que la municipalidad no recibió una denuncia en términos explícitos y directos, sí tenía información sobre las conductas inadecuadas del profesor, por lo que el fallo concluyó que “resultó acreditada la falta de servicio municipal, el daño moral demandado y la relación de causalidad entre ambos, circunstancias que hacen nacer la responsabilidad administrativa indemnizatoria”.
