Sin embargo, el organismo consideró necesario aclarar “que el matrimonio igualitario es un compromiso de Estado y como tal involucra al gobierno”.
“Es una buena señal para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex que altas autoridades del gobierno, tanto entrante como saliente dialoguen sobre estos temas y coincidan en la necesidad de erradicar la discriminación. Esto refleja un clima país favorable a la igualdad que esperamos se siga traduciendo en políticas públicas y se ponga al día en sus graves deudas: la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.
Añadió que “son graves deudas por cuanto la ley de identidad de género cumplirá cinco años de tramitación sin ser aprobada, mientras que el proyecto de ley de matrimonio igualitario no ha tenido avance alguno en el Congreso Nacional, pese a ser ambas normas compromisos internacionales que el Estado asumió en un acuerdo de solución amistosa (ASA) firmado con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
En ese sentido, el Movilh destacó que es importante recalcar que “el Estado involucra a sus tres poderes, por tanto, éstos deben contribuir a hacer real el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género”.
“Cada autoridad debe tener una visión de Estado y por cierto un compromiso con la universalidad de los derechos humanos. La labor del Poder Ejecutivo no se termina entonces con la sola presentación del proyecto de ley”.