El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, viajó a Antofagasta para reunirse con el fiscal Cristian Aguilar y entregarle tres archivadores con “todos” los antecedentes que la cartera tiene respecto al denominado Caso Convenios.

Después de su encuentro con el fiscal, Montes explicó que “hemos entregado tres archivadores con toda la información que tenemos”, apuntando tanto al marco normativo como las obras que se están realizando en la zona.

“A nosotros no nos corresponde determinar qué es irregular o no, ese es un tema del fiscal. Le hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido con un apoyo, y hemos quedado con línea directa para nuevas informaciones”, subrayó el ministro.

El caso estalló luego de que Diario de Antofagasta revelara tres convenios de casi $426 millones que fueron adjudicados a Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región. Los contratos fueron suscritos por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo era pareja de la legisladora, cuya militancia en Revolución Democrática fue congelada.

En su momento, Montes acusó que solo se había rendido el 3% de los montos adjudicados a la fundación. Ahora, el titular del Minvu explicó que ese porcentaje corresponde a avances respecto a la red de incendio y de seguridad, de instalaciones sanitarias, estanques e iluminación, señalando que el alcance “estamos analizándolo por nuestros medios”.

Además, la autoridad reiteró que “no conocía este proyecto en particular, tampoco la denuncia, pero eso ya es tema del pasado”. Asimismo, negó haberse contactado con la diputada Pérez.

AUMENTO DE TRATO DIRECTO

En un reportaje de T13, la Fundación Campamento Ideas acusó que desde el Minvu les instruyeron usar fondos propios para contratar a una persona mediante boleta de honorarios.

Consultado al respecto, Montes indicó que “iniciamos un proceso de investigación de qué es lo que es, quién es, qué responsabilidades, cómo surgió. No teníamos esa información y estamos recabando todos los antecedentes, no voy a opinar de eso hasta no tener toda la información del caso”.

Respecto a un aumento en el trato directo de los contratos del Minvu, el ministro aclaró que “depende mucho de la naturaleza de las obras. Hablar de 46% (aumento en 2022) si tiene que ver con un proyecto de las características de Mapocho Río, por ejemplo, que es muy grande y de alto costo, es distinto a si es para pequeñas obras u obras medianas”.

Apuntó también a las “condiciones”, mencionando como ejemplo que “hay regiones como esta (Antofagasta) que acabamos de hacer una licitación y solo se presentaron -para 3.800 viviendas- dos empresas, de las demás, hubo 16 que después se retiraron justamente por este caso. No vamos a hacer trato directo, pero tenemos que construir esas viviendas acá y tenemos que encontrar la forma”.

Sobre si deben haber modificaciones en los métodos de traspaso de recursos del Estado para evitar intereses, subrayó que siempre “hay vínculos” y advirtió que “el método que hoy día tenemos se ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando. Tiene defectos grandes, hoy día tenemos una propuesta para modificarlo y lo vamos a poner en discusión”.

En esa línea, valoró que “hoy día, en la noche en Santiago, invitamos a 23 fundaciones para conversar con ellos sobre el rol que están cumpliendo, los vacíos que esto tiene, la necesidad de perfeccionar. Porque creemos que es muy importante la relación pública, privada, de organizaciones sociales”.

Señaló que buscarán trabajar “temas que han sido obvios, que son vacíos, insuficiencia de los procedimientos, de las maneras de control, y otras cosas más”.

Montes pidió enfatizar que lo ocurrido con Democracia Viva “se da en un contexto de Plan de Emergencia Habitacional. Chile está con una emergencia habitacional, hay 650 mil familias que no tienen donde vivir, de las cuales alrededor de 6 mil viven en campamentos de distinto tipo”.

“En lo que se refiere a campamentos, hemos hecho una diferenciación. Hay campamentos en los cuales pueden radicarse (las viviendas) en el mismo lugar. En la mañana tuvimos reunión con dos de esos campamentos, Arenales y Constancia. Que no tiene que ver con habitabilidad primaria, sino con cómo se termina residiendo en el lugar donde están, que tengan los títulos (…) y otras cosas”, comentó.

Agregó que hay “otros campamentos que están en condiciones de riesgo de distinta naturaleza, ya sea por sanidad, servicio o de la propia cordillera, en esos casos estamos con programas de habitabilidad”.