El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la resolución judicial que otorgó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, con la que accedía a la solicitud para permitir que reos de alta peligrosidad del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), mantuvieran videollamadas con familiares y parejas.

“Consideramos que este es un hecho grave. Por supuesto que estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”, afirmó Monsalve.

“Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delitos de homicidio, crimen organizado que comete delitos de trata de persona, es que sus líderes, los líderes que están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Es por eso que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad”, dijo.

Junto con eso relevó los esfuerzos del Estado en esa dirección por lo que la resolución del juez Urrutia genera una disonancia difícil de explicar, indicó.

“Evidentemente, ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo sentido si es que finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con, eventualmente, integrantes de la propia organización criminal”, remarcó Monsalve.

En esa línea, reiteró que “nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y, por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el Gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

Consultado sobre si el juez merece una sanción debido a esta autorización, el subsecretario del Interior contestó que “eso es algo que le corresponde al Poder Judicial evaluar. Nosotros solo reiteramos que nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son, por lo tanto, malas señales”.

La autoridad remarcó también que la forma de desbaratar el crimen organizado “es el aislamiento. Por eso es que los líderes de organizaciones de esta naturaleza tienen que estar en módulos de máxima y alta seguridad. Pero vuelvo a insistir, ese esfuerzo se socava cuando finalmente un juez de la República autoriza que esa persona se comunique con el exterior a través de videollamadas”.

“Quiero insistir, nos parece grave, lo rechazamos, vamos a usar todas las herramientas para evitar que situaciones de esta naturaleza ocurran y le corresponde al poder judicial también realizar las medidas que tiene que tomar”, cerró.