El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”, luego de ser consultado sobre el informe de Contraloría que detectó falencias en su otorgamiento.

Monsalve reconoció que es “un hecho grave”, pero al mismo tiempo precisó que el Gobierno cumplió “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.

“Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento”, afirmó.

“Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales. Por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto”, precisó, un compromiso que asumió durante su concurrencia a la comisión investigadora por pensiones de gracia de la Cámara.

Monsalve detalló que “la Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento dice afectación. Y cada una de las personas que recibió la pensión de gracia del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía un certificado, y ese certificado decía que esa persona tenía una afectación en el marco de un estallido social”.

Desde su punto de vista, lo que Contraloría interpreta “es que los antecedentes a disposición no están suficientemente legibles y que deben ser complementados”. En esa línea, sostuvo que desde el Ejecutivo “obviamente eso es lo que vamos a hacer, que es lo que estamos haciendo, recabando información para complementarla”, dijo.

El subsecretario del interior también cifró en 69 los casos que ameritan revisión, no 58 como estableció el informe de Contraloría conocido este jueves.

Sobre este punto ofició a la comisión asesora presidencial “para que revisen las 69 personas que tenían antecedentes penales y le puedan proponer al Presidente de la República cuáles revocar”.