El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se refirió a las auditorías que la Contraloría realizó a 15 Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda que efectuaron millonarios traspasos a entidades privadas sin fines de lucro.

Las conclusiones serán entregadas este jueves por el contralor Jorge Bermúdez a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.

En esa línea, la cartera liderada por el ministro Montes emitió un comunicado destacando la labor de la Contraloría, y asegurando que las Seremis del Minvu ya fueron notificadas de los informes de la auditoría.

Este jueves, indicaron que “desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines”.

“Se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país”, indicaron.

En la misma línea, desde el Minvu reconocieron que el modelo de transferencias “presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.

“Durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión”, agregaron.

Desde el Ministerio zanjaron que “no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”.