Un detallado informe sobre aspectos de inversión en infraestructura hídrica, gestión, fiscalización y cambios normativos realizó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ante la comisión de diputados encargada de fiscalizar a los organismos públicos que deben dar respuesta a la megasequía y al cambio climático.
El secretario de Estado enfatizó la necesidad de tomar conciencia, ya que, en 2019, se vivió una sequía histórica tanto en el centro norte como en el centro sur del país.
“Todos los pronósticos demuestran que hacia adelante vamos a tener mayor escasez, mayores temperaturas en una zona muy amplía del país. Por lo tanto, tenemos que hacer las obras necesarias para vivir con menos agua, para buscar agua en donde antes no buscábamos como la desalinización, pozos más profundos, reutilizar y cuidar el agua, hacer embalses, almacenar el agua, que no se pierda”, recalcó.
El personero explicó que se trata de obras muy grandes que toman muchos años.
“Por lo tanto, hay que hacerlas con grandes acuerdos. Esto no puede ser una cosa en que un gobierno va hacia un lado y el que sigue va hacia otro. Aquí tenemos que caminar hacia el mismo costado y, de esa manera, estas grandes obras se puedan desarrollar”, agregó.
Respecto al plan de emergencia, indicó que en las 136 comunas con decreto de escasez hídrica, la Dirección General de Aguas (DGA) interviene sobre el uso de agua y la distribuye de manera diferente, pudiendo reducir caudales y permitiendo que personas sin derechos de agua puedan tener acceso al vital elemento. Además, posibilita crear áreas de restricción, que actualmente ya alcanzan a 110; y zonas de prohibición, en lugares donde ya no hay agua, que llegan a 39 sectores.
En materia de fiscalización destacó que, con la nueva ley, se puede medir y obligar a informar sobre el consumo de agua subterránea, aumentando las multas por extracción no permitida de agua.
Moreno informó que se usa tecnología como drones y fotos satelitales, lo que se compara con los derechos de agua que corresponden y que después son verificados por los fiscalizadores.
Además, se refirió a materias de inversión, que en términos de infraestructura contempla la construcción de 26 embalses y obras de riego para el agua potable rural (APR), con 50 mil arranques y cerca de 400 sistemas mejorados y una inversión de 276 millones de dólares.
En la sesión del próximo lunes 13 de enero, el ministro de OOPP responderá numerosas inquietudes de las y los diputados de la comisión investigadora que quedaron pendientes. A su vez, la instancia espera recibir a diversas organizaciones sociales vinculadas con la materia que investigan.
El secretario de Estado enfatizó la necesidad de tomar conciencia, ya que, en 2019, se vivió una sequía histórica tanto en el centro norte como en el centro sur del país.
“Todos los pronósticos demuestran que hacia adelante vamos a tener mayor escasez, mayores temperaturas en una zona muy amplía del país. Por lo tanto, tenemos que hacer las obras necesarias para vivir con menos agua, para buscar agua en donde antes no buscábamos como la desalinización, pozos más profundos, reutilizar y cuidar el agua, hacer embalses, almacenar el agua, que no se pierda”, recalcó.
El personero explicó que se trata de obras muy grandes que toman muchos años.
“Por lo tanto, hay que hacerlas con grandes acuerdos. Esto no puede ser una cosa en que un gobierno va hacia un lado y el que sigue va hacia otro. Aquí tenemos que caminar hacia el mismo costado y, de esa manera, estas grandes obras se puedan desarrollar”, agregó.
Respecto al plan de emergencia, indicó que en las 136 comunas con decreto de escasez hídrica, la Dirección General de Aguas (DGA) interviene sobre el uso de agua y la distribuye de manera diferente, pudiendo reducir caudales y permitiendo que personas sin derechos de agua puedan tener acceso al vital elemento. Además, posibilita crear áreas de restricción, que actualmente ya alcanzan a 110; y zonas de prohibición, en lugares donde ya no hay agua, que llegan a 39 sectores.
En materia de fiscalización destacó que, con la nueva ley, se puede medir y obligar a informar sobre el consumo de agua subterránea, aumentando las multas por extracción no permitida de agua.
Moreno informó que se usa tecnología como drones y fotos satelitales, lo que se compara con los derechos de agua que corresponden y que después son verificados por los fiscalizadores.
Además, se refirió a materias de inversión, que en términos de infraestructura contempla la construcción de 26 embalses y obras de riego para el agua potable rural (APR), con 50 mil arranques y cerca de 400 sistemas mejorados y una inversión de 276 millones de dólares.
En la sesión del próximo lunes 13 de enero, el ministro de OOPP responderá numerosas inquietudes de las y los diputados de la comisión investigadora que quedaron pendientes. A su vez, la instancia espera recibir a diversas organizaciones sociales vinculadas con la materia que investigan.
