“Es un tema que veníamos analizando hace algún tiempo, pero obviamente que esta información sin duda también sirve como un elemento de juicio para llevarla adelante”, dijo este martes el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, al explicar las razones por las que se indagarán las asesorías pagadas por los senadores entre 2011 y 2016.
Según explicó el persecutor la decisión que ya tenía del Ministerio Público se adelantó a raíz de la información que reveló que el senador Alejandro Guillier ha pagado $ 47 millones a diversas empresas para que le elaboren reportes sobre los temas tratados en las sesiones de las comisiones que le interesan y a las que no puede asistir, pero que fueron copiados de los registros que lleva la Corporación y prestaciones verbales y telefónicas.
Guerra argumentó que el oficio remitido al Senado para que entregue informes, reportes y contratos que respaldan las asesorías efectuadas a sus parlamentarios entre los años 2011 y 2016, se debe a un “tema de transparencia y también por un trato igualitario a todos los sectores, entendiendo que este tipo de prácticas no necesariamente puedan ser privativas de un sector político”.
El jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía subrayó que esta acción no debiera revestir novedad, puesto que es la segunda parte de la indagatoria que ya está bastante avanzada en la Cámara de Diputados y que se generó el año 2016 a raíz de la denuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, sobre pagos con recursos públicos por prestaciones que no se hicieron y que fueron triangulas a legisladores de esa colectividad.
La investigación analiza la forma en que se utilizan los recursos públicos, en particular, lo que respecta al delito de fraude al fisco si estos han sido deliberadamente empleados en beneficio de los propios parlamentarios.
“Es un punto a dilucidar, podrían ser sólo los contratados que se aprovecharon de la confianza entregada; o un concierto o acuerdo de voluntades entre funcionarios del parlamento como triangulación”, indicó Guerra quien aseguró que de comprobarse algún delito “se tendrán que perseguir las responsabilidades y a quienes hayan cometido delito no obstante la investidura que ostenten”.
Concluyó que “siempre es un elemento relevante contextualizar si las personas que pueden aparecer vinculadas a estos hechos es primera vez que aparecen o han aparecido con anterioridad y es un elemento que por cierto vamos a investigar”.
Según explicó el persecutor la decisión que ya tenía del Ministerio Público se adelantó a raíz de la información que reveló que el senador Alejandro Guillier ha pagado $ 47 millones a diversas empresas para que le elaboren reportes sobre los temas tratados en las sesiones de las comisiones que le interesan y a las que no puede asistir, pero que fueron copiados de los registros que lleva la Corporación y prestaciones verbales y telefónicas.
Guerra argumentó que el oficio remitido al Senado para que entregue informes, reportes y contratos que respaldan las asesorías efectuadas a sus parlamentarios entre los años 2011 y 2016, se debe a un “tema de transparencia y también por un trato igualitario a todos los sectores, entendiendo que este tipo de prácticas no necesariamente puedan ser privativas de un sector político”.
El jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía subrayó que esta acción no debiera revestir novedad, puesto que es la segunda parte de la indagatoria que ya está bastante avanzada en la Cámara de Diputados y que se generó el año 2016 a raíz de la denuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, sobre pagos con recursos públicos por prestaciones que no se hicieron y que fueron triangulas a legisladores de esa colectividad.
La investigación analiza la forma en que se utilizan los recursos públicos, en particular, lo que respecta al delito de fraude al fisco si estos han sido deliberadamente empleados en beneficio de los propios parlamentarios.
“Es un punto a dilucidar, podrían ser sólo los contratados que se aprovecharon de la confianza entregada; o un concierto o acuerdo de voluntades entre funcionarios del parlamento como triangulación”, indicó Guerra quien aseguró que de comprobarse algún delito “se tendrán que perseguir las responsabilidades y a quienes hayan cometido delito no obstante la investidura que ostenten”.
Concluyó que “siempre es un elemento relevante contextualizar si las personas que pueden aparecer vinculadas a estos hechos es primera vez que aparecen o han aparecido con anterioridad y es un elemento que por cierto vamos a investigar”.
