De esta manera, el Poder Judicial se suma al Ministerio de Defensa, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el canal de televisión Mega (a través de la campaña “Mi causa, mi Mega”).
En una actividad realizada en el Palacio de los Tribunales en Santiago, la ministra de Salud, Carmen Castillo, y la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, para oficializar el compromiso de difundir y fomentar entre los más de doce mil funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial la temática de la donación.
La secretaria de Estado indicó que “muchas veces en este proceso, los familiares, por distintas situaciones, se niegan a cumplir con el deseo de la persona (a ser donante)”, y por eso, señaló, es importante desmitificar ciertas creencias relacionadas con los trasplantes.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema manifestó que “es un honor para nosotros participar de esta campaña que busca informar y sensibilizar sobre el proceso de donación de órganos” y valoró esta iniciativa para poder informar adecuadamente e incentivar a todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial para que hablen del tema en el seno de sus familias”.
La subsecretaria de Redes Asistenciales, en tanto, destacó que “este año ha sido el mejor en la historia de Chile en materia de donación y trasplante de órganos, ya que a la fecha hemos trasplantado a 292 pacientes y esa cifra está muy por sobre lo alcanzado en 2016”.
“Uno de los factores que ha influido en esta positiva alza es que el sistema hospitalario se ha puesto a la altura y ha generado unidades de procuramiento de órganos en todos los Servicios de Salud donde hay hospitales complejos”, añadió.
En el año 2010 se estableció por ley que todas las chilenas y chilenos mayores de 18 años son considerados automáticamente donantes de órganos, a no ser que expresamente digan lo contrario.
Sin embargo, aun cuando una persona haya manifestado su intención de ser donante, siempre se valida la voluntad del fallecido con la familia. Y en esa etapa, es común que, aunque en vida la persona haya sido donante, como lo establece la ley, la familia prefiera no firmar la autorización necesaria aduciendo distintas razones.
En esa línea, las negativas de las familias equivalen a un 33% entre enero y febrero de 2017, lo que es significativamente menor al 51% registrado en igual período del año 2016.
Actualmente hay más de dos mil personas esperando un trasplante de órgano, entre las cuales hay ocho 8 prioridades nacionales, 2 de ellas son pediátricas y esperan un corazón.