Un duro debate se está llevando en la Cámara de Diputados por el proyecto de reforma a la educación superior que deben votar este lunes hasta su total despacho. La sesión inició a las 17 horas y se espera que la votación inicie a las 20 horas.
Dentro de la reforma hay puntos que han causado mayor controversia y que se espera marquen el debate en la Sala. Entre ellos están la manera en que se beneficiarán los estudiantes de los diversos estratos económicos con la gratuidad y el Crédito con Aval del Estad (CAE).
GRATUIDAD
La gratuidad universal ha generado especial debate tomando en cuenta que deja comprometidos recursos para el siguiente gobierno, debido a que se pretende ampliar del 50% de los estudiantes más vulnerables al 60% en 2018. A partir de ahí, su avance dependería del PIB tendencial, lo que deja en duda cuando se alcanzaría la gratuidad universal.
Sin embargo, Sebastián Piñera señaló este lunes que en caso de salir electo no ampliará la gratuidad al 60% más vulnerable, ya que prefiere destinar esos recursos a mejorar las pensiones o al Sename. En la Nueva Mayoría hay respaldo al mecanismo y se anticipa un apoyo en la votación.
FIN AL CAE
En un principio el Gobierno no incluyó este punto en la reforma, pero tras presiones dentro de la misma Nueva Mayoría se incluyó el compromiso de eliminar el crédito, para lo cual el ejecutivo enviará un proyecto el segundo semestre.
Los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo lograron incluir una indicación en la Comisión de Educación que establecía el fin del CAE en 2019. Sin embargo, el Gobierno consideró “grave” derogar el CAE sin un mecanismo de reemplazo y logró revertir esta indicación en la Comisión de Hacienda. El ejecutivo señaló que en noviembre presentarán el proyecto para establecer el nuevo método de financiamiento.
Desde el Frente Amplio criticaron la decisión del Gobierno ya que desconocería el compromiso del Ejecutivo de eliminar el CAE. Esto pone en duda la votación de la “bancada estudiantil” e incluso Giorgio Jackson ya adelantó su rechazo a esa indicación.
AUTONOMÍA Y ACREDITACIÓN
El Consejo de Rectores ha impulsado críticas al proyecto de ley porque creen que podría dar espacio a la intervención del Gobierno en temas que competen a las universidades. Entre los puntos que cuestionan está que el Ejecutivo podría fijar los aranceles de las instituciones y que el sistema de admisión quede en manos de una Subsecretaría de Educación Superior.
La acreditación obligatoria también genera controversia ya que será obligatoria para todas las instituciones que deberán certificarse en todas las áreas. De no cumplirse la exigencia los planteles podrían ser cerrados, lo que algunos diputados de oposición temen que podría darse en un alto número de universidades.
Tras la votación el trámite seguirá en el Senado, donde aún falta que sea despachado el proyecto de nueva educación pública, conocido como desmunicipalización.
