. Alejandro Torres, académico Facultad de Ingeniería, Universidad Central. La nueva ley de Convivencia Vial, como todo inicio de proyecto, se vislumbra con luces y con algunas sombras. Por una parte existen factores positivos: un nuevo marco legal y normativo se hace absolutamente necesario para regular el uso del espacio vial urbano, teniendo en cuenta los nuevos actores que tenemos hoy y que hace 5 ó 10 años no se visibilizaban, como las bicicletas; además el crecimiento de la población y del parque automotor, hace que el mismo espacio vial de antes, debamos compartirlo con más usuarios. Por lo mismo, se deberá ir realizando los ajustes a la normativa, en la medida que su puesta en marcha evidencie lo que pueda faltar. Un aspecto muy positivo es que se visibiliza y protege a los usuarios vulnerables (aquellos no motorizados), como ciclistas, peatones, o personas con movilidad reducida. El problema radica en las expectativas que genera en la población, que busca soluciones inmediatas y cree que con la ley se acaban los problemas. Además, aún quedan temas pendientes como la infraestructura física y tecnológica, que no es la adecuada para los cambios que incluye esta ley. Es cosa de recorrer las ciclovías para ver que son inconexas o que no cuentan con los estacionamientos suficientes para poder dejar los biciclos. Se suma también la urgente necesidad de educación vial. Quien no cuenta con licencia de conducir (la mayor parte de los peatones y muchos ciclistas, por ejemplo) nunca han tenido educación vial formal (escuela de conductores), que es un factor a considerar y que es fundamental, para entregarles herramientas y conceptos de movilidad segura, en particular deberíamos focalizar esto en los niños durante toda su etapa de escolaridad; es la única manera de generar un cambio cultural para que los usuarios dejen de creer que el espacio vial es propio, sino que es de todos y debemos compartirlo. Por último, tenemos el tema de la fiscalización. Será complejo que se cumpla lo que dictamina la ley sin una adecuada fiscalización, además de la aplicación del sentido común en muchos de los casos que ocurren diariamente y para ello se requerirá invertir recursos, tanto en capital humano, como en capacitación del mismo. Pero lo importante es comprender que esta es una política a mediano y largo plazo. Por eso es clave que esta iniciativa se mantenga en los gobiernos que vengan y se transforme en una política país, fundamental también para generar este necesario cambio cultural. . Alejandro Torres, académico Facultad de Ingeniería, Universidad Central.