La Sala del Senado rechazó los cambios que hizo la Cámara de Diputados a la nueva ley antiterrorista y envió el texto a comisión mixta. Los puntos rechazados fueron la interceptación telefónica o de comunicaciones y aquella que permite el cambio de jurisdicción en juicios de alta connotación.

En lo fundamental, todas las disposiciones respecto de las cuales no se solicitó votación separada, fueron aprobadas con 38 votos a favor y 2 abstenciones. Algunos senadores solicitaron que se votaran 8 normas de manera separada, aprobándose la mayoría de ellas, con excepción de las relativas a las medidas de interceptación telefónica y de cambio de jurisdicción.

La ministra de Interior, Carolina Tohá, explicó la postura del Ejecutivo respecto a algunos cambios que hizo la Cámara de Diputados y destacó el amplio acuerdo que se logró para avanzar en esta iniciativa.

En el debate hubo coincidencia por parte de los parlamentarios de que esta iniciativa implica un cambio significativo respecto de la legislación vigente que, en la práctica, no ha podido ser aplicada por las dificultades probatorias.

Indicaron que los cambios introducidos al proyecto permitieron precisar los tipos penales y la investigación de los delitos terroristas, dando un “marco legislativo” que elimina las incertidumbres que no permiten aplicar la actual ley.

En tal sentido, se destacó que se tipifique y penalice el pertenecer o financiar una asociación terrorista, que se amplíen los tipos penales base de delitos terroristas, que se sancione la asociación terrorista y que se contemple, entre otras figuras, el delito terrorista individual conexo e inconexo (lobo solitario).

Si bien, se establecen nuevas atribuciones para las policías y la Fiscalía, la disposición que permite medidas intrusivas de interceptación de comunicaciones y que fue modificada por la Cámara de Diputados fue rechazada. A favor de los cambios que propusieron los diputados se pronunciaron 18 senadores, mientras que 19 votaron en contra y 2 se abstuvieron.

Entre los argumentos en contra se señaló que la disposición permitía interceptar metadatos en un amplio rango de superficie -lo que se estima es una medida “sumamente intrusiva”- y además se extendía a los delitos de la Ley de drogas lo que podría ser objetado por no estar en las líneas matrices de la iniciativa.