Un análisis realizado por Fundación Iguales, a partir de cifras obtenidas desde el Poder Judicial, muestran que a seis años desde la entrada en vigencia, 90 de las 319 demandas que han ingresado, tienen sentencia y que, a diferencia de lo que sostenían grupos conservadores que se oponían a la iniciativa, la mayoría de éstas no tienen relación con la diversidad sexual, sino con causas relacionadas a discapacidad.
Es así como, de las 90 sentencias emitidas entre 2012 y el 31 de de diciembre de 2017, 24 (27%) se refieren a discapacidad, 15 (17%) a enfermedad, 11 (12%) a diversidad sexual, 6 de ellas a orientación sexual y 5 a identidad de género, 10 a ideología u opinión política y 30 (33%) se dividen en temas variados como nacionalidad (1), situación socioeconómica (1), sexo (2), estado civil (1) y apariencia (3), entre otras.
Respecto del bajo número de sentencias, en relación a las demandas presentadas, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “si bien esta ley es una herramienta para todos los grupos vulnerables de ser discriminados, encontramos que la aplicación que ha tenido ha sido muy baja” y agregó que “en ese sentido, es importante hacer un llamado en dos sentidos: a las autoridades a modificar esta norma, para que además de tener una acción para reaccionar también se preocupe de prevenir la discriminación; y a las personas a hacer uso de esta herramienta cada vez que sean víctimas de un acto discriminatorio”.
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