Edgardo Riveros Marín, abogado y académico Universidad Central.

La transparencia está íntimamente vinculada a la probidad. Ello está presente en el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el domingo pasado y es una exigencia fundada al gobierno de Nicolás Maduro. Un comportamiento tramposo no solo afecta la credibilidad, también la legitimidad de los resultados.

La igualdad en la competencia entre las opciones estuvo afectada desde el inicio, al impedirse candidaturas con opciones reales de apoyo ciudadano como fue el caso de María Corina Machado. A ello se agregan las persecuciones a otras figuras de la disidencia -incluido el encarcelamiento y el exilio-  y los obstáculos a la libertad de expresión, elemento vital en una disputa democrática por alcanzar el poder. Todo ello fruto del accionar de las fuerzas que controlan la conducción del país desde hace 25 años, haciendo imposible la alternancia en el poder.

No obstante las dificultades, la oposición al régimen determinó participar en las elecciones fijadas para el 28 de julio, teniendo como referencia los Acuerdos de Barbados que consensuaban, al menos, algunos aspectos esenciales de un ejercicio real de la soberanía popular y designaron para representar la alternativa a Maduro al diplomático Edmundo González, que en un corto tiempo se posesionó en su papel de representar las esperanzas de cambio. La conducta del gobierno sepultó los mencionados acuerdos.

Punto culminante de su actuación se observa al entregar los resultados de la elección. Aprovecha que tiene capturado a todos órganos del Estado, entre ellos el Consejo Nacional Electoral; sumado el control sin limitaciones de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, el parlamento y los órganos encargados de administrar justicia. En efecto, la entrega de los resultados no ha cumplido con los requisitos de certeza y transparencia básicos de los procesos democráticos.

El impedimento de acceso a las actas que entregan los resultados obtenidos en los centros electorales y el retraso en dar cuenta del escrutinio son fiel reflejo de lo denunciado. Es más, desde que se entregó el resultado con un 80% de lo escrutado -según el órgano electoral- que ha mostrado nula autonomía, no ha entregado hasta ahora información del cierre del proceso, proclamando por la vía rápida la condición de presidente electo de Maduro.

Esto justifica la reacción de una significativa parte de la comunidad internacional, incluido nuestro país, que exigen transparencia en la entrega del escrutinio. Esto no es injerencia en los asuntos internos, sino un requisito para reconocer como democrático a un gobierno. La reacción de la autoridad venezolana, con fundamentos inaceptables, de romper unilateralmente las relaciones diplomáticas no tiene justificación y refleja que no está dispuesta a satisfacer los estándares democráticos.

Edgardo Riveros Marín, abogado y académico Universidad Central.