Una segunda querella criminal por la comisión de delitos contra la salud pública, enfrenta la médico que quebrantó la cuarentena que realizaba tras ser diagnosticada de coronavirus, conducta con la que expuso a muchas personas al contagio al concurrir a un centro comercial.
La acción legal que invoca el artículo 318 del Código Penal en tiempos de catástrofe, corresponde a la municipalidad de Las Condes, que dirige el alcalde Joaquín Lavín, fue interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Según publicó radio Biobío, la normativa contempla penas de presidio de 61 a 541 días y multas que pueden alcanzar los $50 millones.
El libelo señala que el sábado 28 de marzo, cuando María Mirella de Jesús Dañobeitía Béjar concurrió junto a su esposo e hijo hasta el centro médico Integramédica ubicado en el Alto Las Condes a buscar unos exámenes.
De inmediato se estableció que estaba infectada con coronavirus y había roto del período de cuarentena, pero pese a ello la profesional de la salud se dirigió al supermercado Jumbo, recinto que debió ser evacuado por prevención.
La mujer se defendió diciendo que contaba con el permiso al día para desplazarse por Santiago y que “si el sistema nos hubiese dicho usted no puede salir porque tiene contacto con Covid positivo, no le quepa ninguna duda que no hubiésemos salido”, expresó a La Segunda.
Respecto del salvoconducto que entrega la comisaría virtual para que las personas sanas de las comunas en cuarentena total se puedan desplazar para trámites o compras acotadas, la recurrida cuya formalización está pendiente arguyó que Carabineros no le permitió mostrarlo.
“Nosotros los mostramos, pero Carabineros no nos dejó hablar. Nos decían que no les mostráramos nada porque estábamos infringiendo la norma. No tuvimos derecho a ‘pataleo’”.
Junto a la presentación del jefe comunal, Dañobeitía enfrenta otra querella de similares características invoada por el Ministerio del Interior por igual tipo penal.
El pasado miércoles 1 de abril, el Ministerio Público solicitó al tribunal que la Clínica Alemana entregar la ficha médica de la doctora infectada, documento que el centro médico deberá poner a disposición del organismo perseguidor el documento.
La diligencia tiene como fundamento establecer -con elementos probatorios formales- la argumentación que utilizará la fiscalía para la eventual imputación de cargos.
