Una vez apagadas las llamas en los 29 camiones incendiados en la comuna de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, el fiscal asignado al caso, Alejandro Ríos, informó que las diligencias y peritajes para esclarecer las causas y autores del incendio estarán en manos de Carabineros a través de Labocar (Laboratorio de Criminalística) y la Dirección de Inteligencia (Dipolcar). Según el fiscal Ríos, para resolver las causas y motivos del atentado incendiario a los camiones ubicados en un recinto del kilómetro 790 de la ruta 5 Sur, “se está trabajando con Dipolcar y Labocar en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia, para conocer los móviles la forma de comisión y las intenciones que puedan tener”. En esa línea explicó que hasta el momento no se han encontrado “rayados, lienzos ni panfletos, ni nadie que se haya adjudicado todavía el hecho”. Pero Ríos fue cauteloso y descartó adelantar alguna hipótesis sobre el incidente. “Lo que hay es un delito de incendio grave que afectó a 29 camiones y a otros seis que tienen daños menores”. “Claramente es con intervención de terceros con intimidación al nochero por parte de dos personas, por lo que no descarta que existan más personas involucradas en la quema de los camiones”, sostuvo el fiscal en diálogo con radio ADN.

A diferencia del subsecretario Mahmud Aleuy, el fiscal Alejandro Ríos no quiso calificar el ataque de terrorista “porque aún se está en la etapa de extinguir el fuego, pero dentro de las pericias que se hará, será conocer qué tipo de acelerantes se utilizaron, por ejemplo”.

El fiscal Ríos aseguró que durante las primeras pericias se ubicó el sitio por donde los encapuchados entraron a la empresa Sotraser. “Hay un corte de alambrado. Se está recorriendo el sector perimetral para esclarecer este hecho”, informó.

  Mientras que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) entregó una declaración pública, en el que señala que “el Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales a los habitantes de la Araucanía y áreas afectadas”. “Creemos que no habrá acción decidida por parte del Estado para enfrentar estos hechos mientras no exista y se manifieste un rechazo transversal y radical a la violencia desde el ámbito político, aspecto fundamental para respaldar la acción institucional”, agregó.