Pablo Guerra C., presidente de la Asociación de Constructores Civiles UC.

La industria de la construcción está cada día más complicada. Y tenemos que insistir en ello. Los números no mienten. Los costos de los materiales siguen al alza y con esto no sólo peligran los proyectos privados, sino también las obras de infraestructura pública.

Los ajustes en las condiciones financieras, la eliminación del Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC), las alzas de la UF, el dólar, el combustible y los fletes están creando una tormenta perfecta sobre un sector que requiere la atención de las autoridades.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los costos de edificación en altura subieron 15,6% anual en junio y ya suman 14 meses con incrementos de entre 10 y 20%.

Hace unos días alabamos una publicación del Gobierno de Chile sobre la capacitación de maestros y maestras de la construcción, que se requerirán para levantar las viviendas del Plan de Emergencia Habitacional. La mala noticia es que a este ritmo no se tiene certeza de cuántas empresas estarán disponibles para esas obras. La industria de la construcción demanda atención urgente.

A estos datos duros, agregamos otro punto que también nos preocupa en el tema ambiental. Dice relación con el rechazo por parte del Gobierno de proyectos que, estando aprobados técnicamente por SEIA, incluso iniciados como el caso del emblemático proyecto de Plaza Egaña, fueron paralizados por cambios de criterios de las nuevas autoridades.

El Servicio de Evaluación Ambiental publica en su página que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entró en vigencia el 3 de abril de 1997. A más de dos décadas de su aplicación, el SEIA ha permitido que el país haya logrado un cambio sustancial en la forma de construir el futuro, al poder prevenir los impactos que pueda generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se generan impactos adversos significativos, exista una mitigación.

Hace años la industria de la construcción también se rige por la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y el Código de Buenas Prácticas. Este sector busca hacer las cosas bien, con apego a las normas y respetando las leyes vigentes. También estamos dispuestos a prevenir los impactos y somos conscientes de que el cambio climático está obligando al sector de la construcción a buscar nuevas formas de desarrollo respetuosas con el medio ambiente.

Es suficiente la cantidad de externalidades negativas que nos afectan como industria, para darnos el lujo de ponernos trabas internas para el desarrollo de nuestra industria. Incluso, van contra el deseo país de revertir el déficit habitacional. Cuesta entender que por un lado se quieren construir más de 200.000 viviendas en 4 años, y por otro, es cada vez más difícil desarrollar e invertir en proyectos habitacionales.

No se ven medidas gubernamentales de real impacto que apunten a mejorar la posición de la industria, a pesar de que hubo una mejora en las condiciones de los DS19. Sin embargo, no ha sido suficiente y no todas las empresas constructoras participan en esos proyectos; hay muchas que están asfixiadas por los créditos Fogape Covid 19, pagando altas cuotas mensuales. Creemos que sería de mucha ayuda pensar en un refinanciamiento de esos créditos.

Los ajustes en las condiciones financieras, que mencionamos más arriba, el alza de las tasas y de la UF, también han incidido en la demanda para adquirir una vivienda. Se habla de una caída del 50% en las promesas de compraventa, por lo que es necesario reactivar la demanda. Urge buscar formas de apoyar al comprador. Podría ser con una participación del Estado, de una forma parecida como lo hizo con Fogape Covid19, de tal manera que los bancos cambien a condiciones menos restrictivas el acceso a los créditos hipotecarios. Creemos que podría ser también un camino que ayude a reactivar la industria.

Lo concreto es que debemos buscar alternativas de apoyo a la industria entre todos los actores involucrados.

La economía de nuestro país, hoy más que nunca, requiere de inversión. Sabemos que el desarrollo no puede ser a cualquier costo, pero necesitamos más certezas que incertidumbres. Necesitamos a nuestras autoridades alineadas con los sectores productivos y en especial con la construcción que es uno de los motores del país. En nuestro sector, tenemos un gran número de pymes y proveedores de todos los ámbitos de la economía y esta crisis impacta a un gran porcentaje de trabajadores y sus familias.

Pablo Guerra C., presidente de la Asociación de Constructores Civiles UC.