. Edgardo Riveros Marín, Facultad de Derecho, U. Central.
La regla dice que cuando algo comienza mal es muy posible que termine mal. Esto es plenamente aplicable a lo ocurrido con el desempeño de Chile, representado por las autoridades de Gobierno, en la COP 25 desarrollada finalmente en Madrid.
Se partió mal porque nuestro país asumió la sede del importante evento improvisadamente. El gobierno de Brasil presidido por Bolsonaro declinó organizar el encuentro y Chile, casi a golpe de teléfono, mediante consulta de la ministra de Medio Ambiente (Carolina Schmidt) con el Presidente Piñera decidieron ofrecer a nuestra nación como sede. No se conoce de consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la adopción de este compromiso, que se debía efectuar a pocas semanas de otro importante encuentro internacional, asumido por Chile con la debida anticipación, como era la APEC.
Esta compulsiva decisión se tomaba, además, en un contexto de severa crítica a la política ambiental del gobierno, toda vez, que había decidido restarse del Acuerdo de Escazú en el cual Chile había comprometido un papel de liderazgo.
La falta de evaluación de la tarea a desempeñar queda lamentablemente al descubierto luego de los menguados resultados del evento, a pesar de desarrollarse en España, siguió teniendo a nuestro país en la presidencia. Se debe tener presente que esta no es una distinción meramente protocolar y de exhibición mediática, sino que obliga a una acción de conducción fundamental para el éxito de la convocatoria.
Al momento de comprometer la sede se debió tener presente las especiales dificultades que presentaba esta COP con un contexto distinguido por la falta de compromiso de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, que se retiró del Acuerdo de París, con los consiguientes efectos en la actitud de China y Rusia, todos estos Estados esenciales para avanzar en la baja de las emisiones contaminantes y concretar los importantes compromisos alcanzados en Paris el 2015.
El escenario descrito obligaba a una actividad intensa para persuadir a los más refractarios, incluido el gobierno de Brasil en América Latina, para obtener resultados. Ello no ocurrió y necesariamente debe surgir la crítica de si se hizo esta evaluación de escenarios al momento que se tomó la decisión de comprometer a Chile en la organización de esta COP25 y no exponer el prestigio internacional de nuestro país, que ha asumido en otras oportunidades desafíos de organización de eventos internacionales de envergadura, cuyos éxitos han sido reconocidos y han fortalecido su imagen.
Lo señalado es independiente del hecho que el gobierno de Chile debió declinar hacer la reunión en nuestro país a causa de la situación de convulsión social, para lo cual aceptó, en estado de urgencia, el ofrecimiento del gobierno del Presidente Sánchez de efectuarla en Madrid. El cuadro de convulsión social, con reprochables actos violatorios de derechos humanos que han concitado la atención de organismos internacionales, adicionó un elemento significativo para debilitar el rol articulador y de liderazgo que era necesario jugar en un difícil escenario como el descrito.
. Edgardo Riveros Marín, Facultad de Derecho, U. Central.
Se partió mal porque nuestro país asumió la sede del importante evento improvisadamente. El gobierno de Brasil presidido por Bolsonaro declinó organizar el encuentro y Chile, casi a golpe de teléfono, mediante consulta de la ministra de Medio Ambiente (Carolina Schmidt) con el Presidente Piñera decidieron ofrecer a nuestra nación como sede. No se conoce de consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la adopción de este compromiso, que se debía efectuar a pocas semanas de otro importante encuentro internacional, asumido por Chile con la debida anticipación, como era la APEC.
Esta compulsiva decisión se tomaba, además, en un contexto de severa crítica a la política ambiental del gobierno, toda vez, que había decidido restarse del Acuerdo de Escazú en el cual Chile había comprometido un papel de liderazgo.
La falta de evaluación de la tarea a desempeñar queda lamentablemente al descubierto luego de los menguados resultados del evento, a pesar de desarrollarse en España, siguió teniendo a nuestro país en la presidencia. Se debe tener presente que esta no es una distinción meramente protocolar y de exhibición mediática, sino que obliga a una acción de conducción fundamental para el éxito de la convocatoria.
Al momento de comprometer la sede se debió tener presente las especiales dificultades que presentaba esta COP con un contexto distinguido por la falta de compromiso de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, que se retiró del Acuerdo de París, con los consiguientes efectos en la actitud de China y Rusia, todos estos Estados esenciales para avanzar en la baja de las emisiones contaminantes y concretar los importantes compromisos alcanzados en Paris el 2015.
El escenario descrito obligaba a una actividad intensa para persuadir a los más refractarios, incluido el gobierno de Brasil en América Latina, para obtener resultados. Ello no ocurrió y necesariamente debe surgir la crítica de si se hizo esta evaluación de escenarios al momento que se tomó la decisión de comprometer a Chile en la organización de esta COP25 y no exponer el prestigio internacional de nuestro país, que ha asumido en otras oportunidades desafíos de organización de eventos internacionales de envergadura, cuyos éxitos han sido reconocidos y han fortalecido su imagen.
Lo señalado es independiente del hecho que el gobierno de Chile debió declinar hacer la reunión en nuestro país a causa de la situación de convulsión social, para lo cual aceptó, en estado de urgencia, el ofrecimiento del gobierno del Presidente Sánchez de efectuarla en Madrid. El cuadro de convulsión social, con reprochables actos violatorios de derechos humanos que han concitado la atención de organismos internacionales, adicionó un elemento significativo para debilitar el rol articulador y de liderazgo que era necesario jugar en un difícil escenario como el descrito.
. Edgardo Riveros Marín, Facultad de Derecho, U. Central.
