“Cuando los diputados fueron a hacer el show al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que querían era sembrar la duda sobre el alcalde (Rodolfo) Carter”, sentenció el concejal de Renovación Nacional, Orlando Vidal, al objetar el requerimiento que hicieron los legisladores que representan a La Florida para que se investigue judicialmente al municipio por las millonarias pérdidas que reveló un informe de la Contraloría.
En conversación con La Nación, el edil se refirió a la auditoría que consistió en una revisión al proceso de control financiero en la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), que consideró los cheques girados y pendientes de cobro registrados en el ejercicio bancario entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de junio de 2017. Dicho análisis constató que en el área de Educación hay 57 documentos que fueron protestados por falta de fondos, por un monto de $ 356.735.882, y en Salud otros 195 cheques por un valor total de $701.617.878. Asimismo, existen 102 protestos rendidos por el municipio por $363.504.644.
A juicio del integrante del concejo municipal y que además es presidente de la comisión de educación de la instancia, dicho reporte que –aseguró- no lleva la firma del contralor general Jorge Bermúdez, refleja que “hay dificultades y errores administrativos imperdonables como que se hayan pagado los cheques protestados”, pero acotó que la cifra muchísimo menor porque “tras ser pagados los cheques no fueron aclarados en el boletín comercial oportunamente”.
“Es un informe sólo del fiscalizador y adolece de una serie de defectos de forma y de fondo, impresiciones que hacen aparecer la situación más grave de lo que realmente es y la gente podría formarse la opinión de que aquí hay irregularidades”, indicó Vidal, añadiendo que la corporación trabaja en cuadrar los documentos y que ya llevan el 95% resueltos.
Sentenció que “aquí no hay un abuso autoritario de un alcalde, si existieran responsabilidades estas son del directorio de la corporación que componen varias organizaciones comunales de distinto signo político. Por eso hay que esperar” a que todo se aclare.
Sostuvo que considerando que es el Estado el que demora en entregar los recursos a los municipios para los efectos señalados, la corporación prioriza el pago de remuneraciones y aplaza el de las cotizaciones, que legalmente puede hacerse hasta 90 días con los intereses que ello conlleva. “En ese lapso el ministerio te descuenta el 20% de la subvención y cuando se hace éste se restituye. Creo que en el caso nuestro no deben ser más de dos meses”.
Frente a este escenario lo único que han podido hacer es un requerimiento ante el Tribunal Regional Electoral por notable abandono de deberes del jefe comunal en esta materia, y por ello dijo que el haber recurrido con los diputados de todas las corrientes políticas ante el CDE para que se investigue y aclare esta situación, tiene como propósito que “la ciudadanía en su conjunto pueda ver lo que está pasando y que no se repita este tipo de acciones a futuro”.
“Por un lado está el problema financiero que es enorme, que desde nuestra perspectiva y que si bien la Contraloría no lo menciona y es la elucubración que nosotros hacemos, es el enorme gasto o despilfarro de recursos públicos que se hizo durante las campañas municipales de 2016 y la campaña parlamentaria 2017 en la que participó el hermano del alcalde y éste fue su generalísimo”, acusó.
Subrayó que la idea es “presionar” a los organismos competentes como el Ministerio Público y el propio CDE para ejecutar alguna acción, aunque administrativamente deben esperar el plazo de 60 días que tiene Carter para contestar y aclarar los reparos de la Contraloría y que ésta se pronuncie. La Nación intentó comunicarse sin resultados con el alcalde Carter.
REVISE AQUÍ EL INFORME DE CONTRALORÍA
En conversación con La Nación, el edil se refirió a la auditoría que consistió en una revisión al proceso de control financiero en la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), que consideró los cheques girados y pendientes de cobro registrados en el ejercicio bancario entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de junio de 2017. Dicho análisis constató que en el área de Educación hay 57 documentos que fueron protestados por falta de fondos, por un monto de $ 356.735.882, y en Salud otros 195 cheques por un valor total de $701.617.878. Asimismo, existen 102 protestos rendidos por el municipio por $363.504.644.
A juicio del integrante del concejo municipal y que además es presidente de la comisión de educación de la instancia, dicho reporte que –aseguró- no lleva la firma del contralor general Jorge Bermúdez, refleja que “hay dificultades y errores administrativos imperdonables como que se hayan pagado los cheques protestados”, pero acotó que la cifra muchísimo menor porque “tras ser pagados los cheques no fueron aclarados en el boletín comercial oportunamente”.
“Es un informe sólo del fiscalizador y adolece de una serie de defectos de forma y de fondo, impresiciones que hacen aparecer la situación más grave de lo que realmente es y la gente podría formarse la opinión de que aquí hay irregularidades”, indicó Vidal, añadiendo que la corporación trabaja en cuadrar los documentos y que ya llevan el 95% resueltos.Sentenció que “aquí no hay un abuso autoritario de un alcalde, si existieran responsabilidades estas son del directorio de la corporación que componen varias organizaciones comunales de distinto signo político. Por eso hay que esperar” a que todo se aclare.
Sostuvo que considerando que es el Estado el que demora en entregar los recursos a los municipios para los efectos señalados, la corporación prioriza el pago de remuneraciones y aplaza el de las cotizaciones, que legalmente puede hacerse hasta 90 días con los intereses que ello conlleva. “En ese lapso el ministerio te descuenta el 20% de la subvención y cuando se hace éste se restituye. Creo que en el caso nuestro no deben ser más de dos meses”.
SOMOS MINORÍA
A su turno, el concejal del Partido Comunista (PC), Nicolás Hurtado, aseguró a La Nación que existen irregularidades evidentes en los déficit de caja y presupuesto del municipio cifrado en $20 mil millones a junio del año pasado, y que los ediles de su sector no han podido ejercer ninguna acción para que el responsable legal que es el alcalde Carter responda, como pedir auditorías externas, por no contar con la mayoría en el concejo.Frente a este escenario lo único que han podido hacer es un requerimiento ante el Tribunal Regional Electoral por notable abandono de deberes del jefe comunal en esta materia, y por ello dijo que el haber recurrido con los diputados de todas las corrientes políticas ante el CDE para que se investigue y aclare esta situación, tiene como propósito que “la ciudadanía en su conjunto pueda ver lo que está pasando y que no se repita este tipo de acciones a futuro”.
“Por un lado está el problema financiero que es enorme, que desde nuestra perspectiva y que si bien la Contraloría no lo menciona y es la elucubración que nosotros hacemos, es el enorme gasto o despilfarro de recursos públicos que se hizo durante las campañas municipales de 2016 y la campaña parlamentaria 2017 en la que participó el hermano del alcalde y éste fue su generalísimo”, acusó.Subrayó que la idea es “presionar” a los organismos competentes como el Ministerio Público y el propio CDE para ejecutar alguna acción, aunque administrativamente deben esperar el plazo de 60 días que tiene Carter para contestar y aclarar los reparos de la Contraloría y que ésta se pronuncie. La Nación intentó comunicarse sin resultados con el alcalde Carter.
REVISE AQUÍ EL INFORME DE CONTRALORÍA
