. Máximo Quitral, historiador, politólogo y académico de la Escuela de Comercio Internacional, UTEM. La crisis política que azota a Nicaragua no puede dejar indiferente a nadie. Si bien el Presidente Daniel Ortega ha culpado a Estados Unidos de ser un actor instigador de las movilizaciones que sacuden al país, esta idea busca más bien eximirle de toda responsabilidad política al mandatario. Escudarse en que hay causas injerencistas operando en Nicaragua, resulta más bien una manera simple de negar los errores políticos del actual gobierno y de esta manera evitar la crítica política a medidas económicas que han sido perjudicial para los sectores más vulnerables de Nicaragua. Las contradicciones de Ortega-Murillo en materia social han hecho que miles de manifestantes salgan de sus casas a protestar, sobre todo por el rol asumido por el FMI en las pensiones. En 2017 un equipo del Fondo Monetario Internacional visitó Nicaragua para revisar el giro de la economía, pero puntualmente hizo recomendaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y así evitar su colapso económico. En ese momento el FMI planteó la opción de aumentar la edad de jubilación y reducir el monto de las futuras pensiones. Justamente esta reforma al INSS fue la detonante de las movilizaciones sociales que golpearon la administración de Ortega-Murillo y que significaron más de 400 muertes. Junto a esa reforma, el actual gobierno se acercó al gran empresariado para potenciar el ingreso de las transnacionales y permitir la explotación de sus recursos naturales, afectando con ello al campesinado y al movimiento ambientalista. La posición entreguista del Estado ha significado conflictos medioambientales con las comunidades locales, como fue el caso de la construcción del canal interoceánico a un empresario chino, movilizaron al campesinado local que estaba molesto por la aceptación de ese megaproyecto sin ningún informe de impacto ambiental. El resultado de esas jornadas de movilización popular fue la represión dura por el gobierno central. La anterior concesión se suma a otros proyectos que invasivos en el área minera, pesquera y energética. Hoy Nicaragua clama por una salida democrática a la crisis, no solo para frenar la dura represión de las últimas semanas, sino también para evitar que siga aumentando la cifra de muertos que enluta al país. El Presidente Ortega debe comprender que la violencia genera más violencia y que en las actuales sociedades democráticas, el diálogo de todos los actores es la vía necesaria para la solución pacífica de los conflictos sociales. Nicaragua no está avanzando en justicia social ni menos en la profundización de políticas sociales que se focalicen en los sectores populares. Lo que hoy vive Nicaragua es justamente todo lo contrario: se está en presencia de un sistema que beneficia a una minoría en desmedro de la mayoría, cuestión que fue alejando al gobierno de la visión izquierda que lo llevó al poder. Un proyecto político-social que unificó las fuerzas sociales y culturales mayoritarias para superar el autoritarismo de Somoza, hoy se rebelan y cuestionan el rol asumido por Ortega-Murillo y su alejamiento de las tradiciones políticas y sociales que dijeron defender. Aún es tiempo de enmendar el camino, pero si solo se atienden los intereses del gran empresariado representado en el Cosep, la esperanza de una pronta solución al conflicto se puede desvanecer. . Máximo Quitral, historiador, politólogo y académico de la Escuela de Comercio Internacional, UTEM.