El 11 de abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino de Estación Central falleció la pequeña de 11 años Lissette Villa, caso que impactó a todo el país y que provocó el estallido de la crisis del Sename. Desde esa fecha, tres personas han ocupado el cargo de director nacional del servicio y en octubre del año pasado Javiera Blanco dejó de ser la ministra de Justicia.

La situación del Servicio Nacional de Menores, lejos de solucionarse, sigue empeorando y volvió a estar inmerso en la polémica, luego que en la Cámara de Diputados se rechazó el informe de la comisión investigadora Sename II y en donde se acusó de un fuerte lobby por parte del Gobierno para que no se aprobara dicha investigación.

En abril pasado el abogado Paul Eichwald, hasta entonces coordinador de la Unidad de Intervención Jurídica en Maltrato de la Dirección Metropolitana del Sename, dejó su cargo. El año pasado había protagonizado un desagradable incidente, al ser acusado de insultar a través de Twitter a la exministra Laura Albornoz, hecho que siempre negó. Tras ser desvinculado, apeló a la decisión ante la justicia y ganó el libelo al estimarse que el despido fue ilegal, por lo que volvió a sus labores, hasta que renunció.

El profesional, ahora desde afuera, lamenta la situación que vive el servicio, pero en entrevista a La Nación dio a conocer una serie de situaciones anómalas que le tocó vivir al interior de la organización.

– ¿Cómo vio desde afuera el rechazo al informe de Sename II en la Cámara de Diputados? – La verdad es que es una situación súper triste. Cuando se está dentro del servicio uno tiene la camiseta bien puesta, en mi caso yo siempre fui una persona muy fiel al trabajo y siempre traté de hacer lo mejor posible dentro de las miles de limitaciones y de la rigidez del sistema proteccional que hay en Chile. Ahora, es triste porque el rechazo del informe de la comisión da cuenta de que hay, sin necesariamente ser Javiera Blanco la culpable de todo, una sensación de impunidad y eso habla muy mal de los políticos, de la Cámara de Diputados y del Gobierno, en definitiva le están dando la espalda a los niños. El informe habla en buena medida de violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido es gravísimo lo que se ha tratado de tapar con este rechazo de la comisión.

– ¿Le hace ruido la denuncia realizada por los parlamentarios que acusaron un lobby de parte del Gobierno para rechazar el informe? ¿Vivió una presión similar cuando estaba en Sename para tapar algunas cosas? – Sí, de todas maneras. Yo tuve conocimiento y estuve en causas en que desde la Cámara de Diputados había solicitudes de inmiscuirse en causas. Tengo el caso concreto de una causa que tramité, en que hubo una asistente social que era asesora de una diputada, que nos pidió copia completa del expediente judicial de una niña, expedientes que son reservados. Las causas de protección de los niños son causas que son reservadas, porque hablan de la intimidad de un niño y solamente las partes pueden tener conocimiento de las causas.

– ¿Y con qué objetivo se realizó esa solicitud? – Hablé con la asistente social, que nos empezó a dar instrucciones de cómo debíamos proceder en esa causa y qué sugerencias debíamos hacer a los tribunales de justicia respecto de la niña que era sujeta de atención de esa causa.

– ¿Quién o quiénes son los culpables de esta crisis del Sename? – Lo que pude ver y lo que puedo decir tras haber trabajado en el servicio, es que hay una especie de corto circuito entre la realidad de los niños y las políticas que se establecen desde la dirección nacional del Sename. Siempre decían “el Olimpo ha decidido” para referirse a la dirección nacional, toda vez que no había un conocimiento de lo que pasaba día a día, no había retroalimentación, era muy raro que nos preguntaran cuáles eran las dificultades que teníamos en la tramitación en los tribunales. Simplemente nos daban instrucciones de cómo teníamos que actuar con las causas más complejas o mediáticas. Por ejemplo, tramité la causa del niño que conocimos como “Cisarro”, y en ese sentido tuve que pedir instrucciones de cómo actuar antes de ir a una audiencia. Pero muchas veces las decisiones respecto a la solicitud que tenía que hacer, no se condecía con la realidad de la necesidad del niño.

– ¿Estas situaciones anómalas las viviste desde que llegaste a trabajar a Sename? – Sí, claro. Ingresé en el año 2009 y estuve hasta que renuncié en el mes de abril pasado y siempre hubo muchas dificultades. Además, uno veía que el presupuesto en general para todo este tipo de cuestiones no alcanzaba, hay pocas casas residencias que funcionan bien. Hay mucha confusión en este tema, porque cuando se habla de residencias de niños, no todas son del Sename. Por ejemplo, está el de Aldeas SOS de Padre Las Casas, que en el informe de Sename I se hace mención de unos abusos sexuales ocurridos ahí, pero ese hogar no es de Sename en el sentido que no tiene supervisión técnica y financiera del servicio, por lo tanto el Sename no puede hacer mucho, lo que a todas luces también es un despropósito.

“SE CREAN UNIDADES QUE NADIE SABE PARA QUÉ SON” – ¿Ha habido casos de abusos o violaciones a niños en residencias fiscalizadas por Sename? – Sí, claro, ha habido casos de abusos sexuales contra niños por parte de personas que han trabajado en residencias OCAS, pero estos funcionarios son de una entidad privada y el Sename no se puede meter en el tema de las contrataciones, ni siquiera en la contratación de los directores. También ha habido situaciones de abuso sexual que se han dado por una mala gestión dentro de una residencia, como es el caso del Hogar Los Nogales que era de Coanil, donde el 2015 se verificó que estos niños que tenían discapacidad intelectual se les permitía salir a ciertas horas del día, iban a la feria y había un feriante que abusaba sexualmente de ellos.

– ¿Y en esos casos el Sename cómo ha actuado? – En ese caso lo que se hizo fue investigar, se hizo la denuncia al Ministerio Público y se produjo el cierre de esa residencia, que estaba muy cuestionada desde antes, y los niños se derivaron a otras residencias.

– ¿Es Sename utilizado con fines políticos? ¿Qué hay de cierto de que muchos directores llegan con la intención de dar el paso a un cargo parlamentario? – Es cierto, yo siempre he escuchado lo mismo. Cuando hay cambio de gobierno, hay cambio de políticas que se presentan respecto de los niños y siempre se ha dicho que los directores nacionales llegan con la intención de ganar después un cargo popular. Pero ninguno de los que han sido directores del Sename ha llegado nunca a un escaño en el Parlamento. Vimos en las declaraciones del diputado Saffirio, cuando quiso abrir esta comisión investigadora del Sename, que señaló que el diputado José Miguel Ortiz de Concepción le dice que no va a votar, porque afectaría las pretensiones para llegar a diputada de la señora Marcela Labraña. Si uno ve el obrar de la señora Marcela Labraña, daría la impresión de que ella siempre ha querido ser diputada. De hecho, antes de ser directora de Sename, participó de las elecciones parlamentarias por Puente Alto y perdió.

– ¿Recibiste presiones de directores de Sename para ocultar algo? – No. Lo que sí pasó durante la administración de Rolando Melo, en la causa de Cristóbal Cabrera, el “Cisarro”, fue cuando el doctor Rodrigo Paz presentó un recurso de amparo respecto del menor. En esa ocasión a mí se me dijo que “lo que está diciendo el doctor Paz, en cuanto a que no hay atención médica y psiquiátrica, es cierto. Ahora no lo podemos decir a los cuatro vientos, porque no podemos no más”. – ¿Pero si el Sename no tiene recursos para ese tipo de temas en favor de los niños, quién los tiene? – Habría que ver cuáles son las contrataciones que se hacen en el servicio. Uno ve el hecho de que se crean unidades y se contrata a gente a nivel de la dirección nacional o regionales que la verdad no tienen razón de ser. Siempre hace falta abogados y supervisores técnicos, pero se crean unidades que nadie sabe para qué son, como la Unidad de Promoción, Participación y Gestión Local, que ellos mismos nos dijeron que tenían un componente político en esto y que era visibilizar a nivel comunal la acción de Sename, pero poco y nada hicieron. Pero, según tengo entendido, la unidad sigue.

– ¿Te consta de que en la institución se hizo mal uso de recursos? – Lo dineros no pasaban por mi sección, pero sí debo dar cuenta de cosas que son ridículas o cosas mal hechas. Por ejemplo, los 2.500 millones de pesos que se destinaron el año pasado por parte de la Presidenta para solucionar los temas del Sename. Como fueron recursos que se dieron muy a fin de año y que se dieron solamente para los centros de administración directa, había que ocuparlos para comprar cosas rápidas por medio de licitación. Pero la plata había que gastarla antes de fin de año, porque si no para el año siguiente los recursos serían menos. En definitiva, los recursos no se ocuparon para cosas más necesarias, como era contratar personal.

LAS POLÉMICAS DEL CASO LISSETTE – ¿Por qué la cifra de niños muertos en Sename no se había dado a conocer antes? – Creo que nunca hubo un catastro de los niños que fallecieron. Además, puede ser que los niños que mueren en residencias no sean muchos, pero hay que recordar que el trabajo de Sename también se hace de manera ambulatoria y fuera de residencias, y en esos casos hubo niños que fallecieron. Por ejemplo fallecieron menores que eran soldados de narcotraficantes. Respecto de los niños que mueren en residencia, yo tomé conocimiento de muy pocos casos.

– ¿Cómo viviste el caso de la muerte de la pequeña Lissette Villa? – Tomé conocimiento de la muerte de Lissette porque uno de los dirigentes de una asociación de funcionarios del Sename me mandó un whatsapp que decía que había muerto una niña en el Cread Galvarino y que la situación estaba complicada. Pasaron unos días y la verdad es que no se nos dijo mucho más. En este tipo de situaciones, generalmente, por parte de las autoridades del Sename hay una especie de secretismo. Luego, me enteré que nombraron a la directora de la Casa Nacional del Niño como fiscal del sumario administrativo, pero curiosamente estaba de vacaciones en Europa y recién pudo volver 10 días después de la muerte de Lissette. Yo hice ver a la dirección nacional que no me parecía que nombraran a esta persona, a razón de que no se encontraba en Chile y me dijeron que era decisión de la dirección regional, después pregunté en la dirección regional y me dijeron que la decisión dependía de la dirección nacional. Posterior a eso, tuve una reunión el 22 de abril en la dirección nacional y ahí no hallaron nada mejor que culparnos a los abogados de la muerte de la niña, lo que encontramos insólito.

– ¿El proceso de contención que se le realizó a Lissette y que sería causa de su muerte, es habitual? – Lo que es habitual es que hay niños que tienen graves desajustes conductuales y que son productos de varias cosas, como el consumo de drogas, la situación de vulneración en que se encuentran, el hecho de tener que separarse de sus familias. Te aseguro que cualquier niño, por muy maltratado que esté, prefiere estar con su familia que en una residencia. Obviamente no puede estar en una familia donde esté siendo violado o golpeado. En ese sentido, es muy complicada la labor de los educadores de trato directo y en cómo hacer la contención. En estricto rigor, según me dijo un dirigente de una asociación de funcionarios, nunca le habían hecho una capacitación respecto a ese proceso.

– ¿Qué te parece el proyecto de separar a Sename? ¿Puede llegar a ser una solución al sistema? – Podría ser bueno en cuanto se renueven las políticas públicas respecto de la infancia y haya una claridad en relación al actuar del servicio, que muchas veces es errático. Podría parecer bien en cuanto se le dé prioridad, por ejemplo, a una inyección de recursos para que se hagan las cosas bien. Pero, si eso supone quedarse entrampado en licitaciones, en programas que a veces no dan el ancho y en una rotación de personal, no.