La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe sobre la auditoría realizada a la compra de trenes por parte de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) para los servicios Alameda-Rancagua y Alameda-Chillán.

El informe del organismo reveló que se encontraron “diferencias entre lo especificado en el contrato y las características de los trenes fabricados, la falta de control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y la ausencia de algunas pruebas en terreno“, entre otras irregularidades.

Se examinaron seis trenes ya recepcionados y otros seis en etapas de diseño y fabricación, implicando pagos por $18.344.478.288, bajo contratos realizados entre 2018 y 2020.

En el detalle, para los trenes del servicio Alameda-Chillán, la Contraloría indicó que hubo “un deficiente control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas en la etapa de diseño y fabricación de dichos trenes”.

Respecto a los trenes destinados al servicio Alameda-Rancagua, se observaron “disparidades entre las especificaciones solicitadas y las características de los trenes entregados“, específicamente en cuanto a la capacidad de pasajeros.

Además, la CGR destacó que “una de las pruebas que debía ser ejecutada en estas unidades, correspondiente al grupo de pruebas estáticas, no fue ejecutada, contraviniendo lo dispuesto en el contrato”. En respuesta, se solicitó a la EFE una “debida trazabilidad en el desarrollo de sus contrataciones, asociadas al cumplimiento de exigencias, ensayos, certificación, entre otros”.

También se señaló que la EFE “no requirió al contratista la ejecución de pruebas denominadas ‘Garantías de conjuntos’ para los trenes del servicio Alameda-Rancagua, lo que sí se hizo para otras máquinas adquiridas para los servicios Biotren y Corto Laja en 2018. Sin embargo, en estos últimos casos, se aceptaron menos pruebas de las definidas en los antecedentes contractuales”. Además, en una prueba denominada ‘Verificación de ciclo de viaje‘, los resultados no coincidieron con lo estipulado en el contrato.

Como consecuencia de esta auditoría, la EFE debe presentar los documentos que justifiquen su defensa dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la notificación del informe.