*Por Daniela Díaz
El politizado debate sobre el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión investigadora SENAME II que denuncia deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, ha desviado la mirada de la opinión pública de aquello verdaderamente relevante: la situación de la niñez en Chile.
Respecto de los niños que por medidas de protección se encuentran en custodia del Estado o de sus fundaciones colaboradoras, las cifras son demoledoras: 50% de las personas detenidas en Gendarmería alguna vez pasó por un centro de SENAME y 1313 niños murieron en custodia del Estado en un periodo de 11 años. La situación general de la niñez en Chile no resulta más alentadora y las condiciones de desigualdad social son inminentes.
No obstante la disminución sostenida de la pobreza durante la última década, la población infantil sigue concentrando los niveles más altos de pobreza. En Chile, 3 de cada 10 niños experimenta algún tipo de pobreza ya sea por falta de recursos materiales o porque sus hogares no tienen acceso a bienes y servicios básicos. Esta situación empeora en regiones como la Araucanía, donde 1 de cada 2 niños menores de 6 años viven en situación de pobreza.
En materia de educación, 7 de cada 10 niños que estudian en colegios públicos o subvencionados enfrenta factores sociales y económicos que pueden llevarlos a interrumpir o finalizar sus trayectorias escolares, según el Informe Infancia Cuenta en Chile 2016 del Observatorio Niñez y Adolescencia a partir de estadísticas oficiales e información de servicios públicos.
¿Estamos realmente dispuestos a proteger los derechos de la infancia? Una rápida mirada a los programas ambulatorios de protección indica que el Estado no está llegando a los niños que más lo necesitan: 102 comunas de Chile no cuentan con programas que funcionen en sus propios territorios y los niños deben movilizarse hacia otras comunas para obtener atención. Esto es particularmente dramático porque 72 de estas comunas tienen índices de vulnerabilidad escolar superiores al 78%.
Existe un sistema de subvenciones que paga a los programas por niño atendido y que tiende a centralizar la oferta en lugares urbanos que concentran mayor población infantil, haciendo más difícil alcanzar la ayuda del Estado quienes más lo necesitan: aquellos que viven en lugares aislados.
¿Qué hemos hecho para evitar la institucionalización de los niños más vulnerables? En materia de prevención, el 2015, y pese a la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, se decide el cierre de los Proyectos de Prevención Comunitaria, alterando la posibilidad de prevenir vulneraciones de derecho en el territorio en que habitan los niños. Esto generó una demanda en los programas de protección, en abierta contradicción con la necesidad de poner fin a la institucionalización de manera progresiva.
Sabemos que urge hacerse cargo de las vulneraciones de derecho quienes están en custodia del Estado, pero al mismo tiempo es necesario establecer alternativas territoriales de apoyo a niños y familias, que trasciendan las lógicas de subvención por niño atendido para instalarse desde un enfoque de garantía de derechos en los territorios.
No importa cuántas comisiones se armen, ni cuántos informes se aprueben o rechacen. Negarse a sostener ese debate en serio, es lisa y llanamente permanecer indiferentes en una profunda ceguera ante la institucionalización de la pobreza.
*Daniela Díaz es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.
*Daniela Díaz es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.
