*Por Fabiola Barrenechea Si bien es cierto que Chile es uno de los países que registra menos fallecidos en los desastres, es lamentable ver como cada año los fenómenos de origen natural y antrópico afectan a las comunidades de nuestro país, evidenciando los mismos errores en cada respuesta de cada emergencia. En enero de este año los incendios forestales desbastaron más de 550.000 hectáreas, quemando pueblos enteros a su paso, y en mayo, la zona norte fue embestida por los aluviones, destruyendo nuevamente hogares de decenas de personas, sin mencionar los cortes de agua potable a más de 4 millones de personas, productos de otros aluviones ocurridos en invierno en Santiago. Pero aunque parezca absurdo, estas situaciones se vuelven absolutamente lógicas si se analiza el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PENGRD) dirigido por ONEMI. En este instrumento se trabajaron los 5 ejes temáticos establecidos en el Marco de Acción de Hyogo de Naciones Unidas, marco referencial que establece recomendaciones para crear comunidades más resilientes y poder lograr la reducción del riesgo de desastres en los países: Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana; Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento; Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y Fortalecimiento de la Preparación ante los Desastres para lograr una Respuesta Eficaz. Así, se definieron en cada uno de estos ejes una serie de metas que debieron haber sido cumplidas a diciembre del año 2016. Sin embargo, a la fecha, sólo se ha cumplido con un 33% de ellas, dejando en evidencia la precaria Gestión de Riesgo de Desastres que se está realizando en el país, con consecuencias negativas en las respuestas improvisadas que sólo buscan culpables en vez de soluciones reales. Lo más preocupante es que el eje temático de Fortalecimiento Institucional es uno de los que presenta menor grado de cumplimiento con tan sólo un 27% de las metas establecidas, siguiéndolo de cerca el eje temático de Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana con un 28% de cumplimiento. El año 2010, luego del terremoto del 27/F, una comisión de Naciones Unidas visitó nuestro país para evaluar el estado de cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo mencionado anteriormente. En ese momento, la evaluación fue nefasta, no se había cumplido ni con el 30% de lo establecido durante cinco años desde que se firmó el tratado. Si bien, durante estos años ha habido un avance sustancial en algunos puntos como los sistemas de telecomunicaciones redundantes, el fortalecimiento institucional y la prevención del riesgo de desastres siguen estando al debe. El Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que recoge estas recomendaciones, registra casi el mismo grado de cumplimiento mostrado en el informe de mejora que estableció Naciones Unidas en su oportunidad hace más de 7 años atrás. Con todo esto, queda demostrado que elaborar instrumentos de carácter indicativo no sirve si no se tiene un ente rector que pueda fiscalizar su cumplimiento. Si a esto sumamos que dicho instrumento no tiene financiamiento, es hablar de letra muerta. Si bien existe un proyecto de ley que crea el Servicio de Gestión de Riesgo y Emergencias –el que propone una serie de mejoras a la actual institucionalidad, subiendo de categoría a la ONEMI, que deja de ser una oficina para ser un servicio– éste debiese considerar los siguientes puntos: inyectar recursos a la base de la pirámide de la gestión del riesgo de desastres, los municipios. La nueva institucionalidad debe estar creada desde los gobiernos locales, entregándoles mayores recursos para poder realizar una verdadera gestión del riesgo. En cada emergencia son los municipios los llamados a responder en primera línea, pero éstos no siempre cuentan con los recursos o las capacidades necesarias para poder hacerlo; a su vez, este nuevo Servicio debería tener la potestad suficiente para ser mandatario en temas relacionados con la materia en cuestión. De igual forma, debiese tener voz y voto en la aprobación de instrumentos de ordenamiento territorial que regulen el uso de suelo donde existen riesgos de desastres, por ejemplo. A su vez, debería contar con la autoridad necesaria para controlar el cumplimiento de instrumentos como el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fiscalizando a los diferentes servicios y entidades públicas que se comprometen con acciones para reducir el riesgo, de lo contrario, ocurre lo explicado al inicio de esta columna. Si el Estado de Chile no asume la responsabilidad de que vivimos en un país que por sus características geográficas requiere de instituciones fortalecidas, los sistemas frontales, terremotos y erupciones volcánicas seguirán ocasionando desastres en las comunidades, mientras los gestionadores de riesgos y emergencias sólo crearán instrumentos que no se cumplen ni se financian. Es decir, instrumentos que en la práctica no sirven.   *Fabiola Barrenechea es directora del Observatorio en Gestión del Riesgos de Desastres y directora de la Escuela de Ingeniería en Geomensura de la Universidad Bernardo O´Higgins – UBO