El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso agrupa las 15 demandas de los familiares de las víctimas en contra del Fisco, y deberá determinar dentro de los próximos meses si existió o no responsabilidad en el accidente del Casa 212 en 2011. En lo referente a las indemnizaciones, una de las acciones judiciales es la de la familia del conductor de televisión Felipe Camiroaga, que solicita por daño moral un total de $960 millones. De ellos, $320 millones para su padre y $320 millones más para cada uno de sus hermanos. Según publica hoy El Mercurio, la familia del animador sostiene en el escrito que el dolor “jamás podrá ser reparado con una compensación económica”, pero que decidieron interponer la demanda para que el “Estado reconozca que fueron sus graves errores y omisiones las que causaron el accidente, para que una tragedia tan triste como esta jamás vuelva a ocurrir”. Por otra parte, el monto más alto de las 15 demandas es el que solicitan los familiares de Sebastián Correa. Ambas víctimas viajaban como parte del equipo de Desafío Levantemos Chile. Se trata de una condena por concepto de lucro cesante en favor de los tres hijos por una suma de $5.671.407.834. La otra indemnización es por daño emergente a otros familiares por $5.900.743.272. La suma de todas las indemnizaciones que se está pidiendo en contra del fisco es de $32.891.591.308. El pasado 4 de septiembre, el tribunal citó a las partes a oír la sentencia, luego de que se concluyera el término probatorio. La fecha es indeterminada, ya que legalmente no hay un plazo para el fallo. El tribunal de alzada capitalino, en fallo dividido, rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero acogió -de manera parcial- la demanda de la familia del ingeniero Joaquín Arnolds Reyes. Se ordenó pagar $750 millones a la cónyuge y a los cuatro hijos A juicio de la Corte, está establecido que el accidente se produjo por el giro de la aeronave al canal Santa Clara, “sobrevolándolo a una baja y riesgosa altura”. Se estimó que hay responsabilidad del Estado por “negligencias” en las que incurrió la tripulación de la aeronave de la FACh”. En el fallo se habla de la “inexistencia de protocolos adecuados, inobservancia de las obligaciones contenidas en aquellos existentes, faltas de rigurosidad en el cumplimiento del plan de vuelo y las graves infracciones reglamentarias”.