Un tribunal londinense reanudó este lunes el juicio para decidir si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debe ser extraditado a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa.

Vestido con un traje oscuro y una corbata granate, Assange confirmó su identidad al inicio de la vista y declaró formalmente que rechazaba la extradición. Era su primera aparición pública desde febrero, cuando se celebró una primera semana de audiencias antes de posponerse el caso.

El australiano, de 49 años, debía volver ante los tribunales en abril pero el proceso se vio retrasado por la pandemia de coronavirus.

Ahora se prevé que las sesiones duren tres o cuatro semanas y estén marcadas por las protestas.

Estados Unidos lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha presentado nuevas pruebas contra el fundador de WikiLeaks, acusándolo en particular de haber contratado a piratas informáticos.

Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable. 

Pero para su comité de apoyo, son “cargos con motivación política” que “representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa”.

Antes de pronunciarse, la justicia inglesa debe asegurarse de que la solicitud de Estados Unidos no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.

Sus abogados han tratado de que se retiren las nuevas acusaciones de las diligencias, argumentando que no había tenido tiempo para prepararse, ya que la comunicación con su cliente ha sido difícil por las restricciones relacionadas con la pandemia. 

“Lo que ocurre es anormal y susceptible de crear una injusticia”, denunció su abogado Mark Summers. 

No obstante, lograron convencer a la juez Vanessa Baraitser, para que sea analizado “durante el examen de la demanda de extradición y no antes”.