Un importante antecedente fue dado a conocer respecto a la decisión de la Corte Apelaciones de Santiago de revocar la prisión preventiva del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y cambiarla por arresto domiciliario.

En primera instancia, el 7° Juzgado de Garantía había decretado la máxima cautelar para quien hasta junio era el líder de la policía civil, actualmente imputado por los delitos de malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, siendo acusado por la presunta apropiación indebida de $146 millones destinados a gastos reservados.

Diez días después del decreto, la Quinta Sala del máximo tribunal lo revocó tras asegurar que “para garantizar los fines del procedimiento, resultan suficientes medidas cautelares de menor intensidad a la que se impuso en primera instancia”.

La resolución fue firmada por los jueces Mario Rojas, Fernando Carreño y el abogado integrante, Jorge Benítez. Y es Carreño quien ha sido cuestionado, ya que trascendió que es profesor titular de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el magistrado Carreño fue nombrado profesor extrainstitucional de la institución formativa de la PDI el 8 de junio de 2018, a través de una resolución emitida por la Dirección General. En tanto, en julio del 2020 habría sido asignado con 6 horas semanales.

Una vez que se difundió el antecedente, el Poder Judicial informó que si bien Carreño se inhabilita en causas donde un efectivo de la PDI está involucrado de forma directa, en este caso no lo hizo ya que Espinosa ya no forma parte de la organización, asegurando que el juez consultó la situación a sus colegas.