El Juzgado de Garantía de Calbuco determinó rechazar la internación provisoria del menor de edad que fue detenido el miércoles pasado por tener en su casa una serie de bombas y productos para fabricarlas. Sin embargo decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el adolescente.
Luego que este domingo fuera formalizado por amenazas, tenencia ilegal de artefactos explosivos, fabricación y ofrecimiento de dichos artefactos y además porte ilegal de arma blanca.
El fiscal jefe de la comuna, Marcelo Maldonado, sin embargo no se mostró conforme, puesto que el juez Rodrigo Riquelme solo consideró dos de las figuras judiciales en la lógica de las cautelares.
Ni amenaza, ni el ofrecimiento a terceros ni el porte de arma blanca fue considerado por el tribunal, pese a que la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp donde, asegura el persecutor, se expresaba claramente las nociones de amenaza a la comunidad y ánimos de venganza.
“Nosotros hemos puesto en conocimiento del tribunal cuatro hechos ilícitos, de los cuales el tribunal ha entendido una interpretación de ello, que no compartimos, pero que estamos en condiciones de presentar los recursos y revertir la situación en la Corte de Apelaciones”, confirmó Maldonado.
A su vez, el abogado defensor se mostró satisfecho de que no se entrara en discusión los delitos de amenaza y ofrecimiento a terceros. “El poder expansivo era tan mínimo, que era incapaz de provocar una lesión, es decir, los elementos supuestamente fabricados por el adolescente escapan de la peligrosidad que la norma reclama para justificar la alta penalidad”, explicó el abogado defensor.
El tribunal determinó finalmente un plazo de investigación de 120 días.
A su vez, el abogado defensor se mostró satisfecho de que no se entrara en discusión los delitos de amenaza y ofrecimiento a terceros. “El poder expansivo era tan mínimo, que era incapaz de provocar una lesión, es decir, los elementos supuestamente fabricados por el adolescente escapan de la peligrosidad que la norma reclama para justificar la alta penalidad”, explicó el abogado defensor.
El tribunal determinó finalmente un plazo de investigación de 120 días.
