El martes la Compañía de Jesús comunicó que designaron al abogado Waldo Bown Intveen, para llevar adelante la investigación previa respecto a los nuevos antecedentes recibidos contra el sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga, en el marco de las acusaciones de abuso sexual que habría cometido el religioso.
De acuerdo a lo informado a través de un comunicado, “esta investigación podrá recibir información, testimonios o denuncias que se quieran hacer llegar por el caso referido, así como llevar adelante las diligencias de toda índole que el investigador considere pertinentes”.
Además, la Compañía designó a la abogada Joanna Heskia Tornquist como interlocutora “en vistas a facilitar la entrega de información, testimonios o denuncias concernientes a otro miembro de la Compañía de Jesús en Chile”. El comunicado enfatizó que “por tratarse de denuncias sobre abusos de menores de edad, todos los antecedentes reunidos por el investigador serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el órgano eclesiástico competente para estos casos”.
Los jesuitas señalaron que “para el derecho canónico, aun cuando los delitos de abusos contra menores tienen una prescripción de veinte años, esta prescripción puede ser levantada por la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
De acuerdo a lo informado a través de un comunicado, “esta investigación podrá recibir información, testimonios o denuncias que se quieran hacer llegar por el caso referido, así como llevar adelante las diligencias de toda índole que el investigador considere pertinentes”.
Además, la Compañía designó a la abogada Joanna Heskia Tornquist como interlocutora “en vistas a facilitar la entrega de información, testimonios o denuncias concernientes a otro miembro de la Compañía de Jesús en Chile”. El comunicado enfatizó que “por tratarse de denuncias sobre abusos de menores de edad, todos los antecedentes reunidos por el investigador serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el órgano eclesiástico competente para estos casos”.
Los jesuitas señalaron que “para el derecho canónico, aun cuando los delitos de abusos contra menores tienen una prescripción de veinte años, esta prescripción puede ser levantada por la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
