Un posible caso de fraude al interior de la Escuela de Investigaciones de la PDI comenzó a indagar la Fiscalía Nacional, luego de una denuncia realizada por el funcionario policial y abogado Alejandro Vignolo respecto a posibles delitos de “omisión de denuncia” y “encubrimiento” contra altos funcionarios.
Según informó radio Bío Bío, una vez recibida la denuncia, la Fiscalía Nacional derivó la indagatoria a la Fiscalía Centro Norte.
La información señala que el funcionario de la PDI, que trabaja de enlace con la Fiscalía Nacional, describió una serie de hechos irregulares ocurridos al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol), específicamente con el actuar del secretario de Estudios, el comisario Manuel Muñoz Soto, a quien responsabiliza de encabezar un modelo de defraudación que habría operado por lo menos hasta marzo en el plantel de formación.
Según la denuncia, “dichos hechos en términos generales dicen relación a solicitudes de pago y de beneficios que realizaba en forma constante el secretario de Estudios, comisario Manuel Muñoz Soto, vía aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp a un grupo de docentes de la Escuela de Investigaciones Policiales a cambio de mantenerlos como profesores institucionales”. La acusación agrega que el comisario también le pidió dinero a un profesor tras autorizar pagos en su favor por clases que nunca se realizaron. El abogado Vignolo habría entregado en marzo al Departamento V de la PDI, que se encarga de los asuntos internos de la institución, pruebas de la forma de actuar del comisario Muñoz. Es por eso que en la denuncia enviada a la fiscalía, Vignolo dio a conocer los nombres de los altos funcionarios que conocieron los hechos y a los que ahora acusa de “omisión” y “encubrimiento”. Entre ellos, el subdirector Operativo, Darío Ortega Moreno; el subprefecto de la PDI, Erick Menay Pino y el inspector general, Óscar Rosas Bahamonde.
Según la denuncia, “dichos hechos en términos generales dicen relación a solicitudes de pago y de beneficios que realizaba en forma constante el secretario de Estudios, comisario Manuel Muñoz Soto, vía aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp a un grupo de docentes de la Escuela de Investigaciones Policiales a cambio de mantenerlos como profesores institucionales”. La acusación agrega que el comisario también le pidió dinero a un profesor tras autorizar pagos en su favor por clases que nunca se realizaron. El abogado Vignolo habría entregado en marzo al Departamento V de la PDI, que se encarga de los asuntos internos de la institución, pruebas de la forma de actuar del comisario Muñoz. Es por eso que en la denuncia enviada a la fiscalía, Vignolo dio a conocer los nombres de los altos funcionarios que conocieron los hechos y a los que ahora acusa de “omisión” y “encubrimiento”. Entre ellos, el subdirector Operativo, Darío Ortega Moreno; el subprefecto de la PDI, Erick Menay Pino y el inspector general, Óscar Rosas Bahamonde.
