El exministro y hoy candidato a senador por Arica, José Miguel Insulza, refutó este jueves las acusaciones del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, quien aseguró que existió intención deliberada de impunidad por parte del expresidente Ricardo Lagos, para imponer el secreto de 50 años sobre los antecedentes recabados en la Comisión Valech I.
Lagos decretó, en el año 2003, la realización de una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para crear un informe donde se aclaren las identidades de quienes fueron víctimas de tormentos y reclusión por motivos políticos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Un año más tarde, se dio a conocer el informe de la Comisión Valech, cifrando en más de 30 mil las víctimas de detenciones, tortura, ejecuciones y desapariciones durante la dictadura, y cuyos antecedentes se deberían mantener como reservados durante 50 años para todos los efectos, inclusive los legales.
En ese sentido, frente a las críticas de Gutiérrez, el ex secretario de Estado de Lagos señaló que “yo no sé de dónde sacó eso el diputado, de que algo pueda haber tenido algún deseo de impunidad”. “La gente que estaba haciendo sus declaraciones en ese momento podría haber ido donde el juez para testificar lo que les pasó. No había ninguna obligación de guardar silencio, nadie estaba obligado a guardar silencio”, agregó.
A juicio del ex secretario general de la OEA, la petición de silencio se debe a que “nadie puede estar obligado a que sus familiares, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sepan las cosas que les ocurrieron”. No obstante, Insulza recalcó que aprueba que los testimonios puedan estar a disposición de los tribunales en caso de que lo requieran para alguna investigación.
“También estoy de acuerdo en que quienes entregaron sus testimonios sobre la base de que había un secreto, deberían ser consultados para ponerlos a disposición de los tribunales”, puntualizó.
Un año más tarde, se dio a conocer el informe de la Comisión Valech, cifrando en más de 30 mil las víctimas de detenciones, tortura, ejecuciones y desapariciones durante la dictadura, y cuyos antecedentes se deberían mantener como reservados durante 50 años para todos los efectos, inclusive los legales.
En ese sentido, frente a las críticas de Gutiérrez, el ex secretario de Estado de Lagos señaló que “yo no sé de dónde sacó eso el diputado, de que algo pueda haber tenido algún deseo de impunidad”. “La gente que estaba haciendo sus declaraciones en ese momento podría haber ido donde el juez para testificar lo que les pasó. No había ninguna obligación de guardar silencio, nadie estaba obligado a guardar silencio”, agregó.
A juicio del ex secretario general de la OEA, la petición de silencio se debe a que “nadie puede estar obligado a que sus familiares, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sepan las cosas que les ocurrieron”. No obstante, Insulza recalcó que aprueba que los testimonios puedan estar a disposición de los tribunales en caso de que lo requieran para alguna investigación.
“También estoy de acuerdo en que quienes entregaron sus testimonios sobre la base de que había un secreto, deberían ser consultados para ponerlos a disposición de los tribunales”, puntualizó.
