A partir de denuncias presentadas por el diputado RN, Andrés Celis, ante la Contraloría Regional de Valparaíso, en donde expuso una serie de irregularidades cometidas por los operadores del transporte público del Gran Valparaíso, el ente contralor llevó a cabo un exhaustivo proceso de fiscalización que puso de manifiesto las carencias del sistema y la falta de fiscalización por parte de las autoridades responsables de garantizar su adecuado funcionamiento.

El informe abarcó un proceso de fiscalización entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, donde la Contraloría reafirmó las deficiencias del sistema, mencionando múltiples irregularidades en el sistema de transporte público, incluyendo disminuciones arbitrarias de flotas sin aprobación oficial, incumplimientos de frecuencia por parte de 1,448 autobuses, y excesos de velocidad de más de 100 kilómetros por hora en 21,573 casos.

Al respecto, el diputado Andrés Celis, representante del Distrito 7, mencionó que “en atención a nuestra denuncia, la Contraloría ha instruido una serie de medidas que debe adoptar la Seremi y la Subsecretaría de transportes para cumplir la normativa legal y reglamentaria”.

“Lamentablemente se ha evidenciado que el transporte en la región es tierra de nadie, donde los incumplimientos y excesos de velocidad son costumbre, las condiciones del servicio son paupérrimas y no prestan un servicio digno a los usuarios, qué decir del sistema de cobro electrónico”, añadió.

“Las múltiples irregularidades señaladas en el informe de la Contraloría, desde la disminución no autorizada de flotas hasta el incumplimiento sistemático de normativas de seguridad, reflejan una negligencia preocupante”, agregó Celis.

“Además, la ausencia de manuales de procedimientos y la utilización de herramientas obsoletas para el control de procedimientos sancionatorios indican una falta de adaptación a estándares modernos de gestión”, aseguró el diputado.

Además, Celis hizo énfasis en la importancia de que la nueva licitación del transporte en Valparaíso pueda ser “una oportunidad para reconstruir desde cero una gestión eficiente y responsable. Es fundamental que este proceso se lleve a cabo con transparencia, asegurando que los nuevos operadores se comprometan con altos estándares de calidad y cumplimiento de normativas”.

“La licitación debe contemplar mecanismos robustos de supervisión y control, así como la implementación de tecnologías modernas que faciliten la gestión y la fiscalización”, indicó.

“Solo de esta manera se podrá restablecer la confianza en el sistema de transporte público y garantizar un servicio seguro y eficiente para todos los habitantes de Valparaíso”, concluyó.