Se trata de los proyectos de educación superior, que establece por ley la gratuidad y el aseguramiento de la calidad, y el de fortalecimiento de universidades estatales.
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles la revisión en tercer trámite legislativo, es decir, el último antes de su despacho a ley, de dos proyectos fundamentales de la reforma educacional del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de los proyectos de educación superior, que establece por ley la gratuidad y el aseguramiento de la calidad, entre otras materias, y el de fortalecimiento de universidades estatales. En principio, formaban un solo proyecto, pero el Ejecutivo decidió separarlos. El proyecto de educación superior fue despachado el martes por el Senado a la Cámara. La ministra Adriana Delpiano expresó su satisfacción y destacó que “la educación es un bien personal para el que se esfuerza y estudia, pero también es un buen público que el país requiere, porque necesita tener buenos técnicos y profesionales. Es por eso que los países invierten en educación”. Además de la gratuidad y el aseguramiento de la calidad, el proyecto establece la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema, y de una Superintendencia de Educación, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa. También se establece la acreditación obligatoria para las instituciones. En cuanto al proyecto de fortalecimiento de las universidades estatales, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados revisó el martes las modificaciones del Senado a la iniciativa y la remitió a la sala para su análisis. La propuesta tiene como fin que las universidades estatales contribuyan de manera permanente al desarrollo integral del país, de conformidad a la especificidad de su misión, funciones y principios y que, además, el Estado asuma un rol importante en todos los niveles de enseñanza. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, explicó que las modificaciones se concentran en cuatro áreas del proyecto: el aumento de matrícula; consecuencias jurídicas y financieras para las universidades que pierdan la acreditación; plan de fortalecimiento, y sanciones para las universidades estatales que no hayan modificado su estatuto. “Estamos muy conformes, porque ya estamos llegando a la fase final de aprobación de un proyecto de ley que es emblemático dentro de la reforma educacional y que la Presidenta ha empujado”, remarcó la subsecretaria, evaluando luego que el ánimo expresado por los legisladores es de conformidad al texto del Senado, por lo que se espera su aprobación. Entre los alcances del proyecto se define a la universidades del Estado como aquellas instituciones de educación superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. En cuanto a su naturaleza jurídica, precisa que constituyen organismos autónomos, integrantes de la administración del Estado, pero sometidas a normas especiales y con especificidad propia respecto de las demás instituciones del Estado.
