Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías estallaron este lunes en Buenos Aires, en la plaza del Congreso, donde diputados debatían una polémica reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Los choques duraron cuatro horas. Los militantes arrojaban piedras, botellas y bombas de estruendo (pirotecnia), mientras las fuerzas policiales los hacían retroceder con gases lacrimógenos y balas de caucho, con un saldo de varios heridos en ambos bandos, constataron periodistas de AFP.

Es la segunda vez que el oficialismo trata de convertir en ley el proyecto que regula también los subsidios sociales: una escandalosa sesión tuvo que ser suspendida el jueves pasado debido a serios incidentes entre activistas y la policía militarizada en torno al parlamento. A pesar de los incidentes, la Cámara de Diputados había iniciado la sesión para considerar el proyecto ya votado en el Senado, pero tuvo que hacer una pausa a raíz de la gravedad de los enfrentamientos.

Más allá de la violencia generada por un núcleo de manifestantes, la mayor parte de la marcha fue pacífica. Hugo Reynoso, jubilado municipal de 74 años, relató a AFP que cobra la pensión mínima de 400 dólares mensuales y teme que sus ingresos disminuyan debido a la reforma, en un país con mas de 20% de inflación desde hace una década. “Se aprovechan de los más débiles para cubrir el déficit del Estado en lugar de pedirle a los poderosos”, lamentó.

“Salimos adelante con mi mujer, que gana igual. Si perdemos poder adquisitivo no sé cómo vamos a pagar medicamentos, tarifas de gas y luz, todo aumenta muy rápido“, dijo Reynoso.

“Si los diputados van a votar a favor porque sus gobernadores les dicen que, si no lo hacen, no van a llegar los fondos del Tesoro, en cualquier lugar del mundo eso se llama extorsión”, anticipó Agustín Rossi, uno de los líderes de la oposición y exministro del gobierno de la ex mandataria Cristina Kirchner.

El gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartir con ellas el dinero del ahorro fiscal por la reforma. En medio de la marcha y envuelto en una bandera argentina, el jubilado administrativo Jorge López, de 72 años, dijo que “es conocida la política neoliberal que aprieta a los desprotegidos”. “Si se trabaja hasta los 70 años, eso elimina puestos para los más jóvenes”, dijo López.

El gobierno propone elevar la edad jubilatoria de manera optativa de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 años para las mujeres.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió a las críticas al afirmar que “es una buena ley” y que los jubilados no perderán poder adquisitivo. En el país se volvieron a vivir escenas de choques y represión en las calles que no se veían desde las movilizaciones desatadas por la crisis económica de 2001.

“Uno respeta al electorado que los votó (en las elecciones de medio término en octubre), pero no para que tomen medidas que perjudican a una gran parte de la sociedad“, dijo Carlos Acuña, uno de los líderes de la central obrera mayoritaria CGT (peronista). La CGT inició al mediodía del lunes una huelga general de 24 horas.

El gobierno impulsa modificar el cálculo de las jubilaciones para bajar un déficit fiscal estimado en 5% del Producto Interno Bruto (PIB), que permitiría en 2018 un ahorro de 100.000 millones de pesos (USD 5.500 millones), una quinta parte del déficit.

En la contienda trató de mediar la Iglesia Católica pero con un llamamiento en línea con las encíclicas del papa Francisco. “Hay que extremar recursos para no perjudicar a los sectores menos favorecidos”, dijo el obispo Marcelo Colombo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.