*Por José de la Cruz Garrido F.
Hace ya un buen tiempo que las políticas públicas perdieron como foco el sector más vulnerable de la sociedad, asistiendo a las clases medias y dejando territorios completos desguarnecidos y excluidos del imperio de la ley. Basta con comparar el presupuesto del Transantiago, que sumado a los “fondos espejos”, equivale a aproximadamente cuatro veces el programa Chile Solidario. O que el presupuesto asignado al programa de Crédito con Aval del Estado es más de 10 veces todo lo que reciben 10 programas del SENAME-Ministerio de Justicia (Fuente: http://www.programassociales.cl/programas).
En este contexto, probablemente la única organización que no ha perdido el foco, al asistir de manera sistémica y científica a los más desfavorecidos entre los desfavorecidos, sea el Hogar de Cristo; de ahí la importancia del trabajo que han realizado y los estudios que tienen como sustento para sus juicios.
El Capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker SJ, en una reciente entrevista en el programa En Buen Chileno de C13, puso de relieve una serie de puntos que son claves tanto para la comprensión, como un primer paso a la solución del problema que se ha denominado “narco cultura” y que ya había contextualizado en una columna muy citada en el diario El Mercurio el pasado jueves 12 de Octubre (http://bit.ly/2ghW1xc).
Lo primero que no hay que perder de vista es que el dominio territorial del narcotráfico es más fuerte, sino total, frente a las agencias estatales de seguridad, contrario a las recientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del Delito, que negando esta situación e invisibilizando este problema, finalmente es parte del problema. No obstante este dominio, y la insistencia de la autoridad estatal en bajarle el perfil, o enfrentarlo con un sesgo criminalista estéril, su invisibilidad obedece a un fenómeno de segregación barrial que devino en una segregación social y humanitaria. Por lo mismo, no debiera extrañar que en el programa de TV aludido, ninguno de los panelistas se diera por enterado de esta situación.
En el seno de esta segregación humanitaria, estos territorios excluidos se transformaron en el ecosistema idóneo para la proliferación del narcotráfico, lo que trajo consigo la emergencia de una cultura que, como señala Walker, es cultura por su capacidad de generar una identidad, dentro de los postergados.
¿Cómo opera esta identidad y cuál es su alcance?
En una entrevista realizada en una villa, que no voy a nombrar, sucede la siguiente historia. Un niño es abusado sexualmente a los 11 años por su padrastro. La denuncia y antecedentes que manejan las diversas agencias estatales (OPD, policías, Fiscalía) las obligan a proteger los derechos del menor. Sin embargo, eso no sucede y el niño vuelve al hogar con su padrastro impune. Esta situación llega a manos de un “padrino” de un sector acotado de la villa; el cual procede a expulsar violentamente y bajo amenazas de muerte al padrastro.
El padrino acoge al menor y además le entrega recursos a su madre para paliar la ausencia del padrastro. El padrino además lo viste y pone a su disposición recursos para que se transforme en uno de sus pistoleros, incluyendo armas y droga. Gracias a su padrino, ahora el niño tiene estatus y la protección que ninguna agencia estatal le pudo dar, y que incluso si se la hubiese dado, la institución protectora hubiese sido el SENAME.
El primer error de esta historia es creer que estamos en presencia de un problema de elección racional, tal como lo plantean los enfoque criminalistas. ¿Eligió acaso el niño entre dos alternativas? No, lo que operó fueron sus sentimientos morales, su confianza y lealtad, frente al cuidado que recibió y que es probable nunca haya recibido. Y son estos mecanismos de protección de los cuales se vale el narcotráfico cuando recluta menores, de 9, 10 y 11 años. Despiertan una obediencia ciega o, como dicen los menores, un sentimiento de que “no tengo nada que perder”. Las escuelas no tienen mucho que ofrecer, y, si lo hacen, su entorno es tan fuerte que es muy difícil compensar incluso cuando se ha hecho bien “la pega”. En este contexto, el problema debe ser visto como un problema de salud pública, en lo cual también insistió el Capellán, con foco en la salud mental de los menores, allí donde la violencia y el consumo de drogas modelan comportamientos a temprana edad y no educan los sentimientos humanitarios de los menores.
Ahora, uno de los puntos sustantivos que planteó Walker es no perder de vista que estamos en presencia de un Estado que hoy no garantiza los derechos humanos de la población más vulnerable, pero que, no por ello sólo, se trata de delegar en un tercero la reparación de derechos, sino más bien hacerse la autocrítica de cómo cada uno de nosotros, en la propia área de interés, hace algo al respecto.
Esta “trazabilidad social” que debe atravesar cada una de las decisiones del Estado (por la vía de la prevención, despenalización o criminalización) exige una mirada crítica, laicos y cristianos, para una cuestión humanitaria de fondo, que como todo fenómeno social evolucionará a formas más complejas, de las cuales ya tenemos sus primeros síntomas: la toma del sistema carcelario y el fortalecimiento de redes criminales que permean las instituciones democráticas del Estado.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
En este contexto, probablemente la única organización que no ha perdido el foco, al asistir de manera sistémica y científica a los más desfavorecidos entre los desfavorecidos, sea el Hogar de Cristo; de ahí la importancia del trabajo que han realizado y los estudios que tienen como sustento para sus juicios.
El Capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker SJ, en una reciente entrevista en el programa En Buen Chileno de C13, puso de relieve una serie de puntos que son claves tanto para la comprensión, como un primer paso a la solución del problema que se ha denominado “narco cultura” y que ya había contextualizado en una columna muy citada en el diario El Mercurio el pasado jueves 12 de Octubre (http://bit.ly/2ghW1xc).
Lo primero que no hay que perder de vista es que el dominio territorial del narcotráfico es más fuerte, sino total, frente a las agencias estatales de seguridad, contrario a las recientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del Delito, que negando esta situación e invisibilizando este problema, finalmente es parte del problema. No obstante este dominio, y la insistencia de la autoridad estatal en bajarle el perfil, o enfrentarlo con un sesgo criminalista estéril, su invisibilidad obedece a un fenómeno de segregación barrial que devino en una segregación social y humanitaria. Por lo mismo, no debiera extrañar que en el programa de TV aludido, ninguno de los panelistas se diera por enterado de esta situación.
En el seno de esta segregación humanitaria, estos territorios excluidos se transformaron en el ecosistema idóneo para la proliferación del narcotráfico, lo que trajo consigo la emergencia de una cultura que, como señala Walker, es cultura por su capacidad de generar una identidad, dentro de los postergados.
¿Cómo opera esta identidad y cuál es su alcance?
En una entrevista realizada en una villa, que no voy a nombrar, sucede la siguiente historia. Un niño es abusado sexualmente a los 11 años por su padrastro. La denuncia y antecedentes que manejan las diversas agencias estatales (OPD, policías, Fiscalía) las obligan a proteger los derechos del menor. Sin embargo, eso no sucede y el niño vuelve al hogar con su padrastro impune. Esta situación llega a manos de un “padrino” de un sector acotado de la villa; el cual procede a expulsar violentamente y bajo amenazas de muerte al padrastro.
El padrino acoge al menor y además le entrega recursos a su madre para paliar la ausencia del padrastro. El padrino además lo viste y pone a su disposición recursos para que se transforme en uno de sus pistoleros, incluyendo armas y droga. Gracias a su padrino, ahora el niño tiene estatus y la protección que ninguna agencia estatal le pudo dar, y que incluso si se la hubiese dado, la institución protectora hubiese sido el SENAME.
El primer error de esta historia es creer que estamos en presencia de un problema de elección racional, tal como lo plantean los enfoque criminalistas. ¿Eligió acaso el niño entre dos alternativas? No, lo que operó fueron sus sentimientos morales, su confianza y lealtad, frente al cuidado que recibió y que es probable nunca haya recibido. Y son estos mecanismos de protección de los cuales se vale el narcotráfico cuando recluta menores, de 9, 10 y 11 años. Despiertan una obediencia ciega o, como dicen los menores, un sentimiento de que “no tengo nada que perder”. Las escuelas no tienen mucho que ofrecer, y, si lo hacen, su entorno es tan fuerte que es muy difícil compensar incluso cuando se ha hecho bien “la pega”. En este contexto, el problema debe ser visto como un problema de salud pública, en lo cual también insistió el Capellán, con foco en la salud mental de los menores, allí donde la violencia y el consumo de drogas modelan comportamientos a temprana edad y no educan los sentimientos humanitarios de los menores.
Ahora, uno de los puntos sustantivos que planteó Walker es no perder de vista que estamos en presencia de un Estado que hoy no garantiza los derechos humanos de la población más vulnerable, pero que, no por ello sólo, se trata de delegar en un tercero la reparación de derechos, sino más bien hacerse la autocrítica de cómo cada uno de nosotros, en la propia área de interés, hace algo al respecto.
Esta “trazabilidad social” que debe atravesar cada una de las decisiones del Estado (por la vía de la prevención, despenalización o criminalización) exige una mirada crítica, laicos y cristianos, para una cuestión humanitaria de fondo, que como todo fenómeno social evolucionará a formas más complejas, de las cuales ya tenemos sus primeros síntomas: la toma del sistema carcelario y el fortalecimiento de redes criminales que permean las instituciones democráticas del Estado.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
