La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), llegó hasta la sede del Congreso en Valparaíso en busca de apoyo frente a la decisión del Gobierno que ampliará Santiago 1 para habilitar un recinto penal de máxima seguridad.

“No podemos como país, como Estado chileno, traer a los peores criminales justamente a los centros urbanos”, dijo la jefa comunal en defensa de los habitantes de su comuna.

Hassler estuvo acompañada del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, comuna vecina a los penales emplazados en avenida Pedro Montt, donde también está ubicado el Centro de Justicia.

Ambos pidieron a los parlamentarios con los que sostuvieron reuniones revaluar la ubicación del recinto carcelario. En ello tuvieron el respaldo de Emilia Schneider, Gael Yeomans y Gonzalo Winter, todos del Frente Amplio, pero además otros, como el exrepublicano Johannes Kaiser, el UDI Cristhian Moreira, Jaime Araya (Indep-PPD), Marisela Santibáñez y Daniel Melo (PS).

“De manera transversal solicitamos que esta medida sea reevaluada”, dijo Hassler, argumentando los problemas que derivan de la presencia de las cárceles en el lugar lo que obliga al municipio a “realizar más de 50 procedimientos mensuales para resguardar el entorno carcelario” y que “sin embargo, no son suficientes”.

“Aquí hay una medida improvisada que afectaría a la Región Metropolitana, a la zona más poblada del país y que no fue con consulta ni conversación ni con los alcaldes ni con el Congreso”, agregó

“Aquí no podemos saltarnos la discusión democrática, sino que es fundamental que podamos justamente dialogar y tomar buenas decisiones para Chile”, subrayó

Durante la reunión que sostuvieron con la presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC), entregaron un documento con el detalle de los delitos que a diario se cometen en ese barrio, que “no es un barrio penitenciario”, enfatizó Hassler, sino que “un barrio residencial, patrimonial, educativo, de áreas verdes como el Parque O’Higgins y por tanto, barrios que merecen justamente tener mejores condiciones de seguridad y no empeorarlas”.

“Estamos hablando incluso de alertas de bomba, estamos hablando de delitos, de homicidio, estamos hablando de incivilidades de manera permanente, de ‘peloteros’ y por tanto, de la falta de un resguardo”, manifestó.

“No podemos como país, como Estado chileno, traer a los peores criminales justamente a los centros urbanos. Necesitamos decisiones que sean pensando en el bien de Chile, en el futuro de nuestro país y de su Región Metropolitana”, afirmó.

Por eso solicitó que la medida sea revertida, “y que tengamos una cárcel de máxima seguridad con todos los resguardos, fuera de los centros urbanos”.

“Aquí lo que hemos señalado es que no puede haber una medida improvisada, hemos solicitado que sea reevaluado, hay una discusión que debe dar el Congreso y que a nosotros nos parece importante que no se piense obviar la discusión parlamentaria, que se den discusiones también en este espacio y que puedan ser escuchadas las comunidades”.

Y por tanto, agregó, “vamos a insistir en que esta medida sea revertida y que puedan tomarse decisiones que sean coherentes”.