Un informe de dicha organización señala que el hecho de que Ley de Amnistía siga vigente, es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas manifestó su preocupación por la falta de avances legislativos concretos en Chile para tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo en el Código Penal, pese a tratarse de un proyecto de ley presentado a finales de 2014. Así lo señala en un informe que presentó este lunes al Consejo de Derechos Humanos y en el que pide al Gobierno chileno tomar las medidas necesarias para impulsar esa iniciativa legislativa. También en el terreno legislativo, la instancia de la ONU apoya los proyectos de ley para garantizar que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben, y pidió a las autoridades que promuevan su rápida aprobación. El informe, que contiene información general sobre el delito de desaparición forzada en el mundo, así como capítulos específicos de visitas oficiales del Grupo de Trabajo a Albania, Chile y España, lamenta “la falta de avances en el proceso legislativo que anularía el Decreto Ley de Amnistía, también pendiente en su primer trámite constitucional desde 2014”. Reconoce que el Poder Judicial dejó claro la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía, pero recalca que el solo hecho de que siga vigente es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. A su vez, el Grupo de Trabajo -que actúa como canal de comunicación entre las familias y los gobiernos, a los que pide información sobre casos individuales- destaca la iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos para el acompañamiento de familiares de víctimas, pero insiste en “la urgencia de publicitar la existencia” de este tipo de mecanismos. En otro pasaje de su informe, los expertos de la ONU recalcan la necesidad de que las autoridades de Chile, al más alto nivel, muestren públicamente el compromiso del Estado con la memoria y los derechos humanos. Una de las acciones concretas que plantean es que visiten los sitios de memoria. Igualmente, exhorta al gobierno a redoblar esfuerzos hacia la sensibilización de la población, sobre todo de las generaciones más jóvenes, en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
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